Se trata del Regimiento de Patricios. La causa, que lleva adelante el juez Daniel Rafecas, tiene casi 100 víctimas que pasaron por la unidad militar. Hay ocho acusados.
Se cree que allí estuvieron cautivas cerca de 100 personas en diferentes edificios del predio militar y que algunas de ellas fueron sometidas a tormentos. Si bien la mayoría de las víctimas fueron luego liberadas o trasladadas a otros centros clandestinos, también hay personas que fueron desaparecidas allí.
En el expediente, que la lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas, hasta el momento están acusados ocho exintegrantes de la plana mayor del Regimiento durante la dictadura: Carlos Washington Urqueta, Ramón Manuel Vega y Héctor Sergio Mónaco; de Logística, Miguel Ángel Ciruzzi y Alfonso Agustín Reuther; de Operaciones, Héctor Roberto Ranfagni; de Finanzas, Hugo López; y de Personal, Jorge Rubén Farinella.
“Era un lugar que todavía no estaba explorado. El juez tomó la primera medida, la más urgente, que es individualizar a los responsables jerárquicos, los que tenían el control y el manejo de ese lugar. Me parece un buen primer paso, ahora falta el segundo paso, que es individualizar a los responsables directos, los interrogadores, las patotas…”, señaló en diálogo con Tiempo el abogado querellante Pablo Llonto.
La causa se inició unos 12 años atrás, con la presentación de una sobreviviente que denunció haber estado cautiva en el Regimiento. El juzgado compiló todos los testimonios de la causa “Primer Cuerpo del Ejército” que mencionaban haber sido llevados a este lugar y lo cruzó con información y documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) para confeccionar la lista de posibles víctimas.
En septiembre de este año, se realizó la primera inspección ocular al lugar. Los testigos recorrieron los principales edificios del predio junto al juez y las querellas, representada por Llonto y la SDHN. Unos días después, a comienzos de noviembre, Rafecas dispuso la indagatoria y detención de los acusados, a excepción de uno de ellos, Ciruzzi, a quien se está evaluando si se encuentra en condiciones de salud para seguir en el proceso.
El Regimiento de Infantería 1 “Patricios” tenía a su cargo el Área II, una de las siete áreas en las que se dividía la Subzona Capital Federal. Sus jefes durante la dictadura fueron Humberto José Román Lobaiza y luego Teófilo Saá. Allí funcionaba también el Regimiento de Granaderos a Caballo y la sede del Primer Cuerpo del Ejército, que tenía jurisdicción sobre toda la Capital Federal y buena parte de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
La existencia de un centro clandestino de detención en ese lugar fue denunciada desde la vuelta de la democracia. Ante la Conadep, el sobreviviente Jorge Reyes recordó que fue secuestrado en febrero de 1978 junto a su madre y fue llevado a esa unidad militar, donde lo torturaron y mantuvieron cautivo. Contó que estaban detenidos en unas celdas ubicadas en un subsuelo junto a muchas otras personas.
Más de 20 años después, volvió a declarar en el juicio conocido como “Jefes de Área”, en el que contó que había regresado años después al Regimiento durante un festejo del día del niño y que pudo reconocer el lugar donde había sido secuestrado.
En ese juicio, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad consideró que no había certeza de que el Regimiento “Patricios” hubiera participado de la llamada “lucha contra la subversión” ni de la existencia de un centro clandestino de detención allí, por lo que los jueces decidieron absolver a Lobaiza, Saá y al subjefe del Regimiento, Felipe Alespeiti. En cambio, condenaron al general Jorge Olivera Róvere, segundo jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Tres años después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió esas absoluciones y los condenó.
La Justicia demoró más de una década en retomar la investigación del Regimiento “Patricios”. “Este avance tiene mucha importancia porque, de los centros clandestinos de detención que faltan investigar, este es uno de los más grandes”, explicó Llonto y resaltó que aún queda por avanzar con los crímenes que se cometieron en casi todas las comisarías de la Ciudad durante la dictadura. “Hay que seguir y seguir y lograr que todos los centros clandestinos y todas las víctimas tengan su juicio oral”, agregó. «
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