La norma, conocida como “Ley Olimpia Argentina”, busca modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la “violencia digital”.
Según los fundamentos de la norma, se conoce como “Violencia Digital o en Línea” a aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley.
Al respecto, la vicepresidenta primera de la Comisión, diputada Karina Banfi (UCR) destacó que “el proyecto es una apuesta muy importante”, al señalar la “necesidad de que haya un marco regulatorio en Argentina”, ya que -añadió- “es una necesidad imperiosa para poder darle tratamiento al acoso y a los delitos que se cometen contra las mujeres a través de las plataformas digitales”.
A su turno, la diputada Silvana Ginocchio (FdT) manifestó que “este proyecto aborda un problema que es de enorme gravedad, y que afecta más a las mujeres”. “Esta violencia digital conlleva violaciones a los derechos humanos e impide el empoderamiento de las mujeres”, enfatizó.
En la misma línea, la vicepresidenta segunda de la Comisión, Florencia Lampreabe (FdT), remarcó la importancia de “incluir a la violencia digital como una tipificación en el marco de las violencias contra las mujeres”. Y en ese sentido, consideró: “Tenemos que trabajar en una regulación de las plataformas digitales”.
Finalmente, la diputada Paula Omodeo (Creo) instó “a seguir generando consensos para solucionar los problemas de los argentinos”.
La iniciativa, que cuenta con el aval de la Comisión de Mujeres y Diversidad, queda en condiciones de ser tratada en el recinto.
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