Baja de la edad de punibilidad: «Sólo el 2,6% de los delitos son cometidos por adolescentes»

El proyecto del oficialismo que busca bajar la edad de la punibilidad a los 13 años está siendo tratado en el Congreso Nacional. En ese marco, los talleres de formación y capacitación de la Dirección de Integración de Políticas Carcelarias y Post-carcelarias (DIPP) de la Municipalidad de San Martín debatieron sobre la intención punitiva del Gobierno Nacional contra los chicos.

El encuentro se realizó en el salón Victoria Pueyrredón, ubicado en el 3° piso del Palacio Comunal. “Lo hicimos para pensar entre todos junto cómo abordar lo que nos plantea el gobierno de Javier Milei, que envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y encarcelar a los pibes a los 13 años”, contó Gustavo Segovia, exdetenido, licenciado en sociología y director de la DIPP, a Tiempo.

«Los profesionales que nos visitaron trabajaron un informe, que estipula una serie de recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles. Entre ellas, diseñar un sistema dónde el Estado esté presente de manera permanente para promover el desarrollo personal, educativo y social de niños, niñas y adolescentes. También indica que hay que brindarles protección en las distintas etapas de la vida, dándoles las herramientas necesarias», detalló Segovia.

El debate sobre la baja de punibilidad

Participaron expertos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y profesionales de la Asociación de Judiciales Bonaerense (AJB). Se trabajó sobre un informe elaborado por los organismos de Derechos Humanos que desarticula por completo la propuesta punitiva del oficialismo. El análisis realizado advierte que los niños, niñas y adolescentes están en peligro.

En este sentido, cabe destacar que, durante los últimos días, el Comité de los Derechos del Niños (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes de Argentina. Y, además, hizo una serie de recomendaciones para que se garanticen sus derechos.   

«Considero que poner la edad cómo el elemento a discutir es de una mirada simplista que deja de lado la complejidad que atraviesan todo el tiempo los niños, niñas y adolescentes en la sociedad», sostuvo el doctor Pablo Orsi, de la AJB.

«Las estadísticas son bastantes claras respecto a la responsabilidad de los adolescentes en hechos delictivos”, apuntó Mercedes Duberti, del CNPT. Y continuó argumentando que, “sólo el 2,6 % de los delitos son cometidos por menores de 18 años. Por lo cual, está muy claro que bajar la edad de la punibilidad no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad”.

Sobre la DIPP de San Martín

La Dirección de Integración de Políticas de Integración Carcelarias y Poscarcelarias fue creada en el año 2022, la sociedad iba saliendo del aislamiento social declarado por la pandemia mundial del Covid-19. Cuando habían estallado las cárceles de todo el país por la desesperación de las personas allí cautivas.

En ese momento, el intendente Fernando Moreira, como muchos, comprendió que era necesario crear una dirección para tratar con las problemáticas que atraviesan las personas mientras están en las cárceles. También brindarles herramientas y acompañamiento cuando salen en libertad; para que no vuelvan a reincidir. Así, se formalizó un trabajo sostenido en el tiempo durante 13 años que generó valor.

La DIPP es dirigida por Gustavo Segovia, que estuvo preso 8 años y 6 meses de sus 55. Es licenciado en sociología y fundador de la sede Cusam ubicada en la Unidad Penal 48 de José León Suárez. Fue el primer presidente del Centro de Estudiantes “Azucena Villaflor”, que fundó -junto a un grupo de compañeros- en 2009.

Además, redactó la carta de pedido de educación pública, gratuita y de calidad en contexto de encierro ante la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Sucedió durante la gestión del entonces rector, Carlos Ruta, en la actualidad, Segovia con sus compañeros -fundadores y cofundadores- conservan la copia del escrito que presentaron.

En ese tiempo, el ahora sociólogo había sido trasladado de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó a la Unidad Penal 48, por haber interpelado a las autoridades del penal para que permitan la creación de una sede de altos estudios en esa penitenciaria. También es miembro de la organización política Cusam Línea Fundadora; en la que milita junto a un grupo de compañeros pioneros en la construcción de esta sede universitaria.