Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión advirtieron que, a casi un año de la sanción de la ley, su cumplimiento pleno sigue pendiente y se acerca el vencimiento de su vigencia, previsto para fin de año.

“Ante la profundización del colapso del sistema de prestaciones, la baja del plan REMEDIAR, el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la eliminación del pasaje gratuito para personas con discapacidad, la situación en riesgo de las pensiones no contributivas, y la suma de obstáculos por ejemplo en el transporte, es que decidimos como colectivo unido de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones un banderazo en distintos puntos de la provincia y del país”, anunció el colectivo desde Córdoba, para una medida con alcance federal.
En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es en Congreso, a las 11. En Córdoba, en Plaza San Martín a las 12.30 y 16.30. En Río Cuarto, a las 11 en Plaza Roca. En La Plata, en 7 y 50 plaza San Martin, entre otros puntos. Además, hay un llamado a clases públicas y asamblea en distintos puntos de la provincia y del país.
La protesta incluye el pronunciamiento “en apoyo al pedido de juicio político firmado por los diputados Juan Marino y Pablo Todero contra el presidente Javier Milei y el ministro de salud Mario Lugones”. También hay un acompañamiento a las denuncias penales presentadas por el PCD (Personas Con Discapacidad), sus familias, profesionales y organizaciones de todo el país “contra el presidente Javier Milei, el ministro Mario Lugones, el secretario Alejandro Vilches y el ex director de la Agencia ANDIS Diego Spagnuolo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abandono de persona y abuso de poder en relación al incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad”.
Tras el banderazo en CABA, a las 13 habrá movilización a Comodoro Py “para llamar a una asamblea para pedir celeridad con la denuncia penal realizada por compañeres del colectivo y además se hará entrega de un petitorio firmado”.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión advirtieron que, a casi un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, su cumplimiento pleno sigue pendiente y se acerca el vencimiento de su vigencia, prevista para fin de año.
La Ley fue aprobada en el Congreso a mediados del año pasado. Milei la vetó el 4 de agosto pero luego la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con una mayoría de 2 tercios y dejaron sin efecto el veto. El presidente la promulgó en septiembre, pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso definiera las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento. En diciembre, la Justicia declaró inconstitucional ese decreto que frenaba su implementación.
Así, según el Artículo 1 de la Ley 27793, la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional está declarada “hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más”. Más allá de la normativa vigente, el colectivo continúa reclamando por el cumplimiento pleno de sus derechos.
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