Distintas entidades presentaron un informe que advierte sobre el impacto del retroceso en políticas de integración socio urbana.
El documento «Para los barrios populares no hay plata: baja presupuestaria y vulneración de derechos en las villas de la Ciudad» analiza la situación actual de las políticas habitacionales y también respecto del Proyecto de Presupuesto 2026, en el cual las partidas destinadas a los barrios populares alcanzan su nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída del 23% respecto del presupuesto de 2025.
El informe muestra que los fondos se destinan principalmente a respuestas paliativas o de emergencia, mientras se postergan los proyectos de reurbanización y el cumplimiento de leyes y fallos que garantizan la integración socio urbana.
Las organizaciones e instituciones firmantes remarcan el avance sobre derechos reconocidos por la legislación local y nacional, que fue aprobada con un amplio consenso político y social.
De esta manera, se afecta directamente a las más de 275.000 personas —casi el 10% de la población porteña— que habitan en barrios populares.
La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. A la precariedad habitacional se suman los déficits en el acceso a servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que vulnera los derechos de información y participación comunitaria.
El informe también destaca las profundas desigualdades que persisten en la Ciudad más rica del país:
. A nivel nacional, las y los habitantes de los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población.
· El hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales.
· Las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas y las personas mayores son los sectores más afectados.
Frente a este panorama, las instituciones y organizaciones de derechos humanos advierten sobre la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen la atención inmediata de las situaciones críticas, la continuidad de los procesos y el cumplimiento de leyes y sentencias.
Mantener y ampliar estos compromisos resulta indispensable para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna, a la integración socio urbana y al hábitat adecuado en la Ciudad de Buenos Aires.
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