Basura importada: no se sabrá cuán peligrosos son los residuos autorizados

Pocos meses antes de terminar su mandato, el gobierno de Mauricio Macri decidió reemplazar la incumplida lluvia de inversiones por una tormenta perfecta de basura. A través del decreto 591/19, el Poder Ejecutivo modificó la normativa vigente de 1992 y, en poco más de 20 días, permitirá el ingreso de residuos peligrosos al país sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, ya que «resulta de imposible cumplimiento», dicen.

La letra chica de la nueva norma flexibiliza la entrada de residuos en caso de que se trate de una «sustancia u objeto [que] se utilice para finalidades específicas». El secretario de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, defendió la modificación aduciendo que son «residuos procesados para ser insumos industriales», pero los especialistas indican que, al eliminarse el certificado de no peligrosidad que debería emitir el país de origen, no hay ninguna garantía de qué clase de residuos se importarían.

Tan peligroso como lo anterior es que al modificar el artículo 1 del decreto 181/92, borran de un plumazo una frase que presenta un largo anexo con decenas de especificaciones de sustancias. Por mucho que se empeñen en decir que nada ha cambiado, esa desaparición ha sido una acción objetiva de los firmantes del decreto, entre los cuales Bergman no figura, porque la autoridad de aplicación dejará de ser Ambiente y pasará al Ministerio de Producción, sin ninguna experiencia en el tema.

El tratamiento de los residuos es uno de los problemas ambientales más agudos del país, por eso un amplio debate social sobre el tema debería haber sido un requisito esencial antes de modificar la legislación vigente. Las organizaciones ambientalistas alertan que el decreto afecta el principio de no regresividad en derecho ambiental, ya que el artículo 41 de la Constitución «prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos».

El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani, sentó posición al respecto, y afirmó que se trata de «una decisión inconsulta que puede afectar seriamente los territorios provinciales, las ciudades y, obviamente, la salud de la población». Su punto de vista es importante, porque si el resto de las provincias sigue su ejemplo, ¿en qué lugar de la Argentina volcarán los residuos?

En línea con lo que los últimos días han argumentado desde diferentes espacios políticos, Toscani argumenta que se trata de un tema socioambiental, ya que «afecta el trabajo de más de 150 mil personas en todo el país que se ocupan en la industria del reciclado del cartón y del plástico».

El secretario fueguino enfatiza el contraste entre la realidad del tema residuos en Argentina y el sorpresivo decreto: «Aún no pudimos resolver la cuestión interna de la gestión integral de residuos y trabajar en economía circular. Es decir, si no pudimos resolver este problema internamente, ¿cómo podemos abrir la importación de residuos del exterior?,» analiza.

Ya hay un proyecto en el Congreso presentado por Pino Solanas para derogar esta norma. Pero si no avanza, las cooperativas del sector, que ni menciona el decreto, deberán competir con corporaciones internacionales, una disputa que sólo beneficiaría a algunos sectores concentrados de la industria.

Pocos países con tan pocos recursos para afrontar exitosamente el tratamiento de sus propios residuos se plantean la importación de basura, incluso reciclada, como hace la Argentina. Los mayores productores y exportadores son, por supuesto, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Europa. El ambientalista Enrique Viale analiza el contexto internacional en que surge el decreto de Macri y apunta a la «reciente decisión China de enero de este año no sólo de reducir drásticamente la importación de residuos sino también de aumentar los requisitos para hacerlo. Lo contrario que hace Macri».

Viale afina los números y explica que «China bajó un 99% la compra de desechos reciclables y, como era un jugador central en este tema, generó un descalabro, especialmente en Estados Unidos, al que le compraba el 50% de los reciclables, más de 20 millones de toneladas. Ahora no saben qué hacer, por eso es un tema importante en la agenda de Trump».

Si la causa del cambio reside en presiones de EE UU o de cierto lobby industrial no está claro. Sí que los perjudicados serán los sectores más vulnerables de la población, cooperativas de recicladores y cartoneros, y la salud de los argentinos. Además de que las políticas públicas para desarrollar un adecuado tratamiento de los propios residuos quedarán sepultadas bajo las toneladas de basura que busca importar el gobierno nacional. «