Bienes Personales: hasta marzo se pueden repatriar capitales

Los contribuyentes con bienes en el exterior que no deseen ser alcanzados por las alícuotas diferenciales en el Impuesto a los Bienes Personales tendrán que traer al país parte de ellos antes del 31 de marzo. Así lo establece el decreto 99/2019, que reglamentó la Ley de Solidaridad Social y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

La norma considera cumplida la repatriación de esos bienes cuando se verifique el ingreso al sistema financiero local antes de esa fecha tope de al menos un 5% de ese capital, siempre y cuando permanezca depositado al menos hasta fin de año. En ese caso se aplicarán las alícuotas generales, que van de 0,5% a 1,25% sobre el mínimo no imponible (fijado en $ 2 millones). De lo contrario se utilizará una tabla especial, que arrancará en 0,70% y llegará al 2,25%. La verificación de las condiciones de repatriación correrá por cuenta de la Afip.

La fijación de la escala diferenciada fue una de las facultades que el Congreso delegó con el propósito de «promover la reactivación productiva» y «crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal», según señala la Ley. El Ejecutivo podía duplicar los porcentajes inicialmente establecidos, aunque en la reglamentación el incremento fue menor al autorizado. Se estima que el nuevo régimen de este impuesto permitirá una recaudación adicional de 0,3% del PBI.

El decreto hace otras puntualizaciones sobre la Ley 27.541. En el caso del impuesto a la compra de divisas, se fija que para los servicios digitales que se pagan en moneda extranjera (plataformas como Spotify y Netflix), el recargo será sólo de 8%. Además, la compra de pasajes a países limítrofes por servicios terrestres de transporte de pasajeros no estará alcanzada por el impuesto. También aclara sobre la tasa de estadística, sobre las condiciones de las empresas para encuadrarse en el nuevo régimen de contribuciones patronales y sobre las retenciones a la exportación de prestaciones de servicios, que serán de 5% hasta 2021.

El propósito del paquete es darle herramientas al gobierno para fortalecer el frente fiscal. Diversos estudios privados señalan que la Ley aumentará los ingresos entre 1% y 1,9% del PBI, aunque el número final dependerá  de cómo se encaren los aumentos a los jubilados y pensionados tras la suspensión de la fórmula de movilidad previsional. «Suponemos que a partir de marzo las prestaciones sociales se ajustarán por la inflación del período (y no con un rezago de seis meses), dejando el ahorro final de la Ley en poco más del 1% del PBI», pronosticó la consultora Elypsis. «