Los trabajadores reclaman la reincorporación de los 28 despedidos que habían pedido recomposición salarial. Además, denunciaron situaciones represivas durante el acampe en las afueras de la empresa. Los concejales del lugar pidieron un habeas corpus para proteger a los empleados.
“Este conflicto empieza hace más o menos seis meses. Se hace una denuncia a la empresa por esta diferencia y en una de las últimas reuniones que tuvimos con ellos negaron la deuda”, contó a Tiempo Argentino, Diego Paciarotti, secretario gremial del Sindicato de Aceiteros de Rosario.
Con esa última negativa, los trabajadores organizaron una asamblea donde votaron iniciar una huelga. La respuesta de la empresa fue mandar telegramas de despidos a esos 28 trabajadores y generaron entonces un conflicto sindical por lo cual el ministerio provincial de trabajo tuvo que intervenir. “Luego de los despidos, el ministerio dictó veinte días de conciliación. En ese momento pudieron ingresar los trabajadores pero cuando pasó ese plazo, decidieron ratificar el despido y les impidieron el ingreso con la policía”, agrega el dirigente aceitero.
Los trabajadores estaban realizando una permanencia pacífica a la espera de una solución, sin embargo, una madrugada y luego de las repetidas negativas de la empresa al pedido de los empleados, se realizó un apagón. “Fue alrededor de las cinco de la mañana. Se cortó la luz por completo en el cordón donde estaban haciendo el acampe y aparecieron más de cien policías de todas las fuerzas. En ese momento eran diez los que se habían quedo a pasar la noche allí y esos diez se replegaron, sin embargo la policía insistía en la orden que tenían de ‘desalojar en la forma en que sea necesario’”.
La situación se tensó tanto que tuvo que intervenir el intendente de Ramallo para que las fuerzas policiales se calmaran, sin embargo, hay un pedido de hábeas corpus para todos los trabajadores de la empresa que iniciaron el plan de lucha para resguardar sus vidas luego de varias situaciones represivas de las que fueron víctimas.
El pedido de hábeas corpus fue presentado por siete concejales de San Nicolás junto a la Casa de la memoria de Ramallo. Además, advirtieron que el fiscal Julio Tanús quien está a cargo de estas órdenes represivas, no brinda “garatías suficientes”.
Por su parte, la Federación de Aceiteros junto al Sindicato realizó una huelga regional hasta que intervino nuevamente el ministerio.
“Después de esa huelga regional, hubo una nueva audiencia citada por el ministerio. Se presentó el mismo abogado y manifestó que están dispuestos a hablar de indemnizaciones solamente. El ministerio, en ese momento, les explicó que tenían que hacerlos trabajar pero nuevamente la empresa no los dejó ingresar”.
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