Mientras crece el clima de odio, el gobierno impulsa un «blanqueo» de armas ilegales

«Es mi domicilio y apareció una bala, en un contexto de discursos de odio». Las palabras pertenecen a Mayra Mendoza. Es viernes 24 de mayo y un nuevo hecho de violencia se suma a la densa realidad de un país donde hace apenas 21 meses ocurrió un intento de asesinato a una expresidenta. La intendenta de Quilmes agrega: «el gobierno habilita el odio al kirchnerismo, por eso hicimos la denuncia».

En ese contexto, el gobierno nacional promueve un proyecto de ley para «blanquear» en el plazo de un año –prorrogable a otro más– la inmensa cantidad de armas ilegales que circulan en la Argentina. La medida supuestamente persigue el objetivo de saldar una vieja deuda, pero organizaciones que hace años trabajan la temática fueron apartadas de la discusión y ponen sus reparos. Incluso, hay quienes temen que detrás se oculte el anhelo del oficialismo, presente en la campaña, de impulsar el uso masivo de armas de fuego en manos de civiles, al mismo tiempo que el Estado se corre de velar por la seguridad de los ciudadanos.

La iniciativa, que incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley N° 26.216), ingresó al Congreso hace unos diez días y lleva la firma de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, del jefe de gabinete Nicolás Posse, y del presidente Javier Milei. En los fundamentos, se describe que tras 50 años de decretos, resoluciones ministeriales y leyes tendientes a regularizar el registro y la autorización de las armas de fuego, «todavía existe un número significativo en circulación en todo el territorio nacional».

«Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y la muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a que más de 800.000 armas estén en una situación irregular«, resumieron.

Por ello, de manera excepcional se establece que quedan «exentas de ser pasibles de acción penal las personas humanas o jurídicas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’ previstas en el artículo 189 bis del Código Penal» siempre y cuando pongan en conocimiento de las autoridades las intenciones de «blanquear» la situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Prohibido

«Tanto el comunicado del Ministerio como la campaña electoral que hizo el gobierno pueden dar lugar a confusiones. Se trata de un proyecto de ley que tiene muchos problemas en su texto, pero que aún en caso de ser aprobado por el Congreso, tal como se envió, no implica una liberación del uso de armas de fuego», aclara a Tiempo Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y admite que «Argentina sigue siendo un país en donde el uso de armas de fuego está, por definición, prohibido».

El especialista recuerda que la legislación vigente establece el compromiso gubernamental de promover el desarme de la sociedad civil y la reducción de la circulación de armas, por lo que «al proponer, entre otras cosas, una especie de blanqueo o un plan de regularización excesivamente laxo puede llegar a tener algunos problemas en términos de cumplimiento de esas obligaciones estatales».

En 2015, la ANMaC reemplazó al cuestionado RENAR, con la idea de avanzar en una política pública integral de control, prevención del uso de armas de fuego y persecución del mercado ilegal de manera más activa, pero la falta de financiamiento generó la existencia de una enorme cantidad de personas armadas sin autorización y otros tantos legítimos usuarios, cuyas licencias se vencieron y quedaron en situación irregular y delictiva.

«El 67% de las autorizaciones a septiembre de 2023 estaban vencidas. Por cada arma registrada hay tres o cuatro no registradas y el Estado no tiene ningún tipo de control. Por ejemplo, no pudo examinar cada cinco años la situación psicofísica de estas personas«, advierte el referente de INECIP, quien reivindica el plan de desarme de años anteriores que logró destruir más de 200.000 armas a partir de que el Estado ofreció un incentivo económico y una amnistía penal a quienes entregaran voluntariamente el arma.

«El problema es que ahora se aplica esa misma lógica, pero no para sacar el arma de circulación, sino para mantenerla y con un plan de regularización absolutamente laxo, sin ningún tipo de control sobre el origen, la cantidad y el tipo de armas», considera Alfie.

Y concluye: «el Estado parece bajar una política muy peligrosa, en la que le da lo mismo si las personas entregan y destruyen su arma de fuego o si la mantienen en forma legal, volviendo a la vieja idea de que el problema no son las armas de fuego sino las armas de fuego ilegales. Ante esto debemos reafirmar que las armas son siempre un problema; las legales tal vez no se utilicen para robar, pero pueden ser usadas para cometer femicidios, resolver un conflicto interpersonal, generar accidentes o cometer suicidios«. «