En menos de 24 horas, la Mesa juntó más de mil doscientas adhesiones que respaldan el rechazo al tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que se está desarrollando en el Congreso de la Nación.
Este masivo y rápido respaldo refleja el amplio consenso entre especialistas, organismos de Derechos Humanos, académicos, trabajadores de la salud, educación, justicia y organizaciones sociales y comunitarias: “la baja de la edad penal no es una solución y agravará los problemas que dice resolver”, advierten.
Los puntos centrales de la carta, fundamentados en evidencia estadística, jurídica y de política criminal, son: “El delito adolescente no es una emergencia nacional, porque solo el 0.01% de la población de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial penal en 2024. Existen herramientas legales vigentes para abordarlo”, aseguran.
Además, explican que la propuesta del oficialismo no resuelve el problema y es regresivo. Porque la evidencia indica que el paso por el Sistema Penal a edades tempranas aumenta la reincidencia. Viola principios de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como así también la Convención sobre los Derechos del Niño; que desde 1994 es parte de la Carta Magna.
También apuntaron que el debate se da en un contexto de desmantelamiento de políticas protectoras: “Mientras se desfinancian áreas vitales como salud, educación y programas de protección integral (con una contracción del 21% en salud infantil en 2025), se pretende destinar recursos a un sistema represivo que colapsaría las ya precarias instituciones”.
Señalan que la intención del Gobierno Nacional es legitimar la violencia institucional. “En un contexto donde las fuerzas de seguridad actúan con violencia desatada contra las infancias en barrios populares y protestas, bajar la edad de imputabilidad penal daría un marco legal a estas prácticas ilegales”.
Y que desatiende a las víctimas reales. Explican que la propuesta no ofrece soluciones reales de reparación para las víctimas. Los recursos deben orientarse a fortalecer el sistema de protección integral y los mecanismos de atención y reparación ya existentes.
La respuesta de un Estado frente a la problemática de la inseguridad y el delito no puede ser el punitivismo extremo y menos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, se los debe proteger y evitar el castigo -remarcaron- a más temprana edad. Ofrecer más cárcel y penas en lugar de educación y promoción de sus derechos no genera ninguna respuesta positiva en la sociedad.
Por el contrario, “fomenta mayor violencia, no resuelve el problema real que hoy tenemos con el incremento de la pobreza y el narcotráfico y atenta contra toda normativa internacional y nacional en defensa de los derechos de pibes y pibas”, enfatizaron.
La carta, dirigida a las presidencias de todos los bloques legislativos, advierte que los derechos de las niñeces y adolescencias no pueden ser “moneda de pago” en acuerdos políticos y exige que el debate se base en evidencia y no en una agenda mediática oportunista.
Desde la Mesa de Articulación reiteran la convocatoria a adherir al documento y hace un llamado urgente a los legisladores y legisladoras a rechazar cualquier proyecto que implique la aplicación de penas más severas y baja de la edad de punibilidad.
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