El gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez amenazó hoy con dejar afuera del proceso electoral del año próximo al Chapare, el máximo bastión del presidente derrocado y exiliado en México, Evo Morales, si los sindicatos cocaleros que dominan la zona de Bolivia y sufrieron sangrientas represiones en las últimas semanas no permiten el ingreso de policías.
«Nos preocupa la situación del Chapare, no podemos seguir permitiendo un Chapare sin policías (…). Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los dirigentes más radicales, no van a poder votar en esos lugares», advirtió en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en referencia a la región cocalera del departamento de Cochabamba, que fue la cuna política de Morales y sigue siendo bastión de las organizaciones sociales y sindicales que lo apoyan.
«Cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado, no van a haber senadores ni diputados en esos lugares, no van a poder haber elecciones de alcaldes ni concejales. Es por eso que el proceso electoral debe seguir y para ello necesitamos la presencia policial y no queremos forzar nada; queremos seguir con el diálogo», agregó, según el diario Página Siete.
El domingo la dirigenta de la Federación Trópico, de Cochabamba, Segundina Orella, explicó al diario Los Tiempos que, tras la represión de los días posteriores al golpe de Estado en la localidad Sacaba, que terminó con nueve manifestantes cocaleros muertos -todos por disparos-, los sindicatos decidieron no permitir la presencia de la Policía Nacional.
«Nuestros afiliados no están de acuerdo con el retorno de los policías. Si quieren volver, primero deben pedir perdón de rodillas», sentenció Orellana, quien recordó que ningún policía o militar fue acusado o procesado por las muertes en Socaba.
Pese a que la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales aceptó iniciar un proceso electoral y votar a un nuevo gobierno en abril próximo, como la fecha más temprana posible, la relación entre las autoridades de facto y los movimientos sociales que rechazaron la autoproclamación de Áñez y dirigentes masistas sigue siendo tensa, ya que éstos continúan denunciando persecución y acoso político y policial, mientras que los movimientos sociales y sindicatos mantienen sus pedidos de verdad y justicia para los 27 manifestantes que murieron en las protestas posteriores al golpe de Estado.
