México anunció que retirará a María Teresa Mercado, después de que el gobierno de Áñez le diera 72 horas para dejar el país. México denunció ante La Haya el asedio a su embajada.
«La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento», indicó la administración de Andrés Manuel López Obrador en un comunicado publicado en su página web.
Este mensaje llegó como respuesta al de Añez de unas horas antes, que expulsaba a diplomáticos mexicanos y españoles.
Bolivia indicó este lunes que la decisión alcanzaba también «al grupo de los presuntamente diplomáticos (españoles) encapuchados y armados», que protagonizaron el viernes pasado un incidente con la policía local cuando pretendían ingresar a la embajada mexicana.
Por su parte, el Gobierno de México afirmó que el actuar de Mercado, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, «siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político».
Los dos países están enfrentados por una serie de bloqueos y controles impuestos por las autoridades bolivianas en torno de la sede diplomática mexicana y la residencia de Mercado que, según el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, violan las normas de la diplomacia internacional.
México denunció el jueves al Gobierno de facto de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por lo que considera un asedio a su embajada y a la residencia oficial de su diplomática.
El jueves, la canciller boliviana Karen Longaric afirmó que la decisión del Gobierno de México de demandar a Bolivia ante la CIJ era una «falacia jurídica».
La cancillería boliviana expresó el viernes en un comunicado su preocupación por la presunta injerencia de México en asuntos internos de su país.
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