El Tribunal Constitucional anuló la reelección indefinida y le impide volver a postularse al ex presidente.
«La restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder», señaló la sentencia, de 82 páginas, publicada en la página web de la corte.
Este dictamen, sin posibilidad de apelación y que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida «no es un Derecho Humano», tiene como sustento una resolución de la Corte Interamericana de DD HH sobre el alcance de la figura de la reelección presidencial ilimitada.
En agosto de 2021, en una opinión consultiva solicitada por el anterior gobierno de Colombia, la CIDH concluyó que «la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre».
Basándose en eso, la sentencia del tribunal de Bolivia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye también a gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigencia del actual texto constitucional, es decir, desde 2009.
Así, esa sentencia impide a Morales presentarse al frente de la boleta para presidente en los próximos comicios, una candidatura que impulsa un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo. El líder indígena, enfrentado con el actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido, ya ejerció durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.
El dictamen comunicado las últimas horas anula otro emitido por el mismo Constitucional en 2017, cuando los anteriores magistrados del tribunal autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato, con el argumento de que se trataba de un «derecho humano». Ese fallo generó controversia, ya que la Constitución establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos y, en 2016, las y los bolivianos rechazaron en un referendo modificar la Carta Magna para habilitar una nueva postulación. «
«La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana», reaccionó el exmandatario en su cuenta de la red social X. «
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