Los mandatarios de Minas Gerais, San Pablo y Río de Janeiro, entre otros, dispusieron desalojar los cortes que mantienen desde la madrugada del lunes los manifestantes que desconocen el resultado de la elección del domingo.
La decisión de los gobernadores de los tres estados más poblados del país de movilizar a la Policía Militar, que depende directamente de esas administraciones subnacionales, se da después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara a la Policía Federal de Carreteras (PRF por sus siglas en portugués), que depende del gobierno nacional, desbloquear las rutas.
El gobernador reelecto de Minas Gerais, Romeu Zema, que apoyó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, defendió la liberación de las rutas
«Ya pedí a nuestras fuerzas de seguridad que tomen las medidas necesarias para despejar cualquier ruta o camino que esté bloqueado por las manifestaciones. Se acabaron las elecciones y ahora hay que garantizar el derecho de ir y venir de todos, y también que la mercadería llegue donde tiene que estar», aseguró, y agregó: «Cumpliremos la ley».
En el mismo sentido se pronunció otro aliado de Bolsonaro -que incluso fue orador en el acto de cierre de campaña del Presidente el jueves- el reelecto gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien afirmó hoy que ordenó al Batallón de Choque de la Policía Militar despejar las vías del estado, en apoyo a la PRF, según informó el portal de noticias G1, del Grupo Globo.
En tanto, el gobernador de San Pablo, Rodrigo García, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), consideró inadmisibles los bloqueos en las rutas del estado y dijo que las fuerzas de seguridad locales fueron llamadas para despejar los cortes.
«El bloqueo de rutas es inaceptable. La gente tiene derecho a ir y venir», dijo García en una publicación en las redes sociales.
Por su parte, el Ministerio Público dijo, por medio de un comunicado, que el Procurador General de Justicia, Mario Sarrubbo, constituyó un núcleo de acción integrado por miembros del Ministerio Público de Vivienda y Urbanismo de la Capital y del Grupo de Trabajo Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (GAECO) para investigar en qué circunstancias se producen los bloqueos.
En Río Grande do Sul se instaló un gabinete de crisis para monitorear los bloqueos y, a través de él, se definió que la Brigada Militar (Policía Militar del estado) utilizará 1.000 policías de los Batallones de Choque para asistir a la PRF en el despeje de las rutas.
El gobierno de Paraná también informó en un comunicado emitido hoy que la Policía Militar «ya está cumpliendo con la decisión del Supremo Tribunal Federal de desbloquear las carreteras».
«El derecho a la libre circulación en el territorio nacional es una garantía para el pueblo brasileño. Es hora de pacificar Brasil. Las elecciones de 2022 se realizaron de manera democrática y se debe respetar la decisión soberana de las urnas», dijo el gobierno de Paraná.
En la madrugada, el STF, máximo tribunal del país, había formado mayoría entre los miembros del máximo tribunal para confirmar la decisión del magistrado.
Las protestas se suceden desde que el expresidente Lula se hizo con la victoria en las elecciones del domingo, sin que el actual mandatario se haya pronunciado aún para reconocer la derrota o al menos instar a sus seguidores a respetar los cauces democráticos.
Los cortes
Hasta la mañana de este martes grupos de manifestantes que apoyan al presidente brasileño Jair Bolsonaro mantenían al menos 227 las rutas obstruidas a nivel nacional, de acuerdo a la información brindada por la Policía Federal de Carreteras (PRF por sus siglas en portugués).
La ola de bloqueos de rutas registradas desde la madrugada de lunes es impulsada por camioneros y grupos de manifestantes bolsonaristas en más de 23 estados brasileños y el Distrito Federal, que buscan impugnar los resultados de las elecciones del domingo, y en medio del silencio oficial por parte del presidente Bolsonaro que, de momento, no ha reconocido su derrota.
No obstante, el equipo de Bolsonaro y el del jefe de Estado electo ya iniciaron los contactos para el traspaso de poderes, informó el lunes uno de los portavoces del líder de la izquierda.
Otros funcionarios de la terminal aérea que tenían que ingresar a trabajar a primera hora de este martes también eran afectados por la medida.
Ya en torno a las 9.15 de este martes, luego de la decisión del juez del STF, la PRF liberó la ruta Hélio Smidt, la principal arteria que conecta la ciudad con el aeropuerto.
Personal de la PRF utilizó gas pimienta para disuadir a unos 30 manifestantes que resistían el bloqueo; sin embargo, continúan los cortes en otras cinco vías principales.
Representantes del transporte buscaron despegarse de los manifestantes y criticaron los bloqueos.
El diputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Camioneros, dijo en su cuenta de la red social Twitter que su espacio «no apoya ningún tipo de manifestación contra el resultado electoral» y agregó: «¡Los cortes de ruta los están haciendo delincuentes que no representan la categoría!».
En tanto, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística, publicó el lunes un video en su canal de Youtube para rechazar los cortes como «antidemocráticos», hechos por grupos «derrotados», y reconoció la victoria de Lula en el balotaje.
A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Transportes de Brasil, José Roberto Stringasci, dijo que las acciones que culminaron en los bloqueos de rutas no fueron organizadas por entidades que representan a los camioneros.
“No necesariamente es el camionero el que está parando. Están parados por los cortes. Hay algunos camioneros que están apoyando. Pero no es la categoría en general la que lo está haciendo», afirmó Stringasci.
Aunque sin el apoyo de sindicatos ni federaciones del sector, varios camioneros autónomos protagonizaron protestas a favor de Bolsonaro en los últimos años.
La más relevante fue en 2021, cuando el mandatario convocó manifestaciones por el Día de la Independencia y profirió ataques a la justicia, en uno de los momentos de mayor tensión institucional de su mandato.
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