Bolsonaro impulsó la intentona golpista

En términos políticos, es claro que el exmandatario Jair Bolsonaro intentó por distintos medios evitar la asunción del actual presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el silencio ante los resultados del 30 de octubre de 2022, que daban una clara diferencia de 2 millones de votos a favor de Lula, pasando por las objeciones públicas al sistema electoral y las impugnaciones a las máquinas de votación, dieron aliento a la movilización de simpatizantes que confluyeron en la intentona golpista el 8 de enero de 2023, cuando la turba de seguidores bolsonaristas irrumpió en la sede de los poderes de la república.

Desde un plano judicial, con ese contexto y diferentes pruebas e indicios están configurando la existencia de un plan organizado para evitar la investidura de Lula como presidente. Es lo que está investigando la Policía Federal brasileña, que también indaga el posible vínculo de Bolsonaro en los incidentes, de los cuales el ex mandatario intenta desligarse, incluso con artimañas para anular pruebas presentadas, como argumentar que realizó “por error” un posteo de Facebook donde cuestionaba la integridad de las máquinas de votación y, por ende, los resultados electorales.

No sería tan equivocada esa postura de la acusación, en tanto que Bolsonaro presentó la impugnación ante el tribunal electoral para invalidar los sufragios de algunas máquinas de votación electrónica, en especial las fabricadas antes de 2020, a las que considera imposibles de auditar y que fueron especialmente usadas en regiones favorables al Partido de los Trabajadores. El requerimiento lo formalizó el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, con un informe del ingeniero Carlos Rocha, responsable de la auditoría del PL, quien argumentaba que su intención era “contribuir al fortalecimiento de la democracia” y propiciar un “perfeccionamiento del sistema electoral”.

No obstante, en los hechos concretos del 8 de enero, se están desarrollando dos procesos judiciales distintos. En primer término, se investiga a los responsables directos de los disturbios violentos y destrozos materiales, totalizando unas 239 personas denunciadas. Por otra parte, se indaga sobre los instigadores o autores intelectuales de la asonada bolsonarista, donde se alcanzan un total de 1390 involucrados, entre los cuales podría estar incluido el ex presidente Jair Bolsonaro.

De hecho, la Policía Federal vuelve a encontrar un documento que detalla la planificación de una intervención militar para evitar la investidura de Lula. Esta vez, la PF halló un archivo en el celular del teniente coronel Mauro Cid, quien siguió como ayudante del expresidente Bolsonaro. Si bien hay conexión directa sobre el conocimiento de Bolsonaro sobre el plan, se amplía a otro bosquejo hallado en enero pasado en la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres.

En definitiva, Bolsonaro podría quedar inhabilitado por ocho años para participar de elecciones a cargos públicos, en tanto que en la justicia electoral brasileña avanza en un pedido del Partido Democrático Trabalhista (PDT), que lo acusa de lanzar duros ataques contra el sistema de votación siendo presidente y que la Fiscalía Electoral tomó como base. El proceso se iniciará el próximo 22 de junio, teniendo un cronograma que incluye sesiones el 27 y 29 de junio en las que el instructor del caso será el magistrado Benedito Gonçalves, quien juzgará al expresidente y a su candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto, por “abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación”. El resultado será clave en delimitar el futuro escenario político brasileño.