Bonadio unificó las causas contra Cristina Fernández

El juez federal Claudio Bonadio resolvió unificar las causas que tramitan contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros imputados por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, una de ellas a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y la otra por presunta «traición a la Patria».

Bonadio resolvió unificar las actuaciones -que tramitaban en su juzgado- y le notificó al fiscal Eduardo Taiano que quedará a cargo de la investigación, con lo cual quedaría apartado el fiscal Gerardo Pollicita, quien la semana pasada había pedido la indagatoria de la ex mandataria y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, en un dictamen aún pendiente de resolución por parte del juez.

La denuncia que el fiscal Nisman hizo contra la ex presidenta siguió un largo derrotero judicial hasta que, finalmente, recayó en manos de Bonadio en mayo pasado, por decisión el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun.

El titular del tribunal de apelaciones tomó esa decisión al resolver sobre un conflicto de competencias planteado luego de que Bonadio le pidiera su par Ariel Lijo que se apartara de la investigación de la denuncia de Nisman porque él tenía una investigación conexa en su juzgado, en referencia a la iniciada por la denuncia de un abogado por el presunto delito de «traición a la Patria».

El camarista Irurzun entendió que el pedido de Bonadio era correcto y, a pesar de la oposición inicial del juez Lijo, ordenó que se apartara de la causa contra la ex mandataria y otros imputados del presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA, a raíz de la firma del finalmente fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.

Desde esa decisión de la Cámara Federal, ambos expedientes tramitaban, por separado, en el juzgado a cargo de Bonadío con la intervención del fiscal Taiano en la causa por la supuesta «traición a la Patria» y de Pollicita en la denuncia de Nisman.

La denuncia de Nisman contra la entonces Presidenta, presentada durante la feria judicial, había sido enviada a sorteo por el juez de feria y había recaído en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas quien la desestimó en dos oportunidades.

El 29 diciembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió las decisiones de Rafecas, avaladas por la Cámara Federal porteña, y ordenó investigar la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

La causa fue enviada a sorteo nuevamente y cayó en el juzgado a cargo de Lijo quien la tuvo, con intervención del fiscal Pollicita.

Durante el período en el cual la denuncia original de Nisman no avanzaba en los tribunales de Comodoro Py, el juez Bonadio abrió una causa paralela para juzgar el mismo hecho, merced a la denuncia de un abogado particular, Santiago Dupuy de Lomé.

Tras realizar una serie de medidas en la causa por «traición a la Patria» contra la ex presidenta, Timerman y todos los legisladores que aprobaron la firma del memorándum de entendimiento con Irán, Bonadio le reclamó la causa a Rafecas.

A mediados de mayo el juez Lijo rechazó el pedido de su par y argumentó que la denuncia sobre la que él estaba trabajando había sido presentada con anterioridad, tenía un objeto procesal es más amplio y más imputados.

El juez Bonadio no aceptó la respuesta de Lijo y recurrió a la Cámara de Federal porteña, que el 31 de mayo decidió hacer lugar a su planteo y dejarlo a cargo de la denuncia.

El jueves último, el fiscal federal Pollicita había pedido, en un dictamen presentado ante el juez Bonadío, la declaración indagatoria de la ex presidenta y del ex canciller, al dar por probado que existió un «plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento» por ambos para «dotar de impunidad» a los ciudadanos iraníes con captura internacional por el atentado a la AMIA.

Además, le reclamó al juez federal Claudio Bonadio que ordene la inhibición general de bienes preventiva para los 14 acusados y les prohíba salir del país.

Pollicita acusó a la ex presidenta y a los ex funcionarios de su gobierno imputados por «encubrimiento agravado» por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos.

«El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman», sostuvo la fiscalía.