La Corte confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta por los hechos de abril de 2013. Seis trabajadores siguen procesados.
Esta semana, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz declararon inadmisible el recurso planteado por una de las querellas que insistía con la responsabilidad del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri; quien era su segunda, María Eugenia Vidal; y su ex jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el brutal ataque de la Metropolitana contra quienes resistieron la demolición del Taller Protegido N° 19 en el Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda.
Otros fallos anteriores, como el de agosto de 2016 de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, ya habían sobreseído a los ex ministros porteños de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Salud, Graciela Raybaud; y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, entre otros funcionarios. Sin embargo, los caminos procesales de los jefes policiales, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, parecen conducir al juicio oral.
La Metropolitana, fusionada con parte de la Policía Federal que operaba en Capital, derivó en la creación de la Policía de la Ciudad. Pero los federales necesitaban un gesto político para que no se desmadrara la tropa: Pedace dio un paso al costado haciéndose cargo de la Agencia de Control Gubernamental y la policía porteña quedó bajo la conducción de jefes federales como José Potocar y Guillermo Calviño, quienes no tardaron en caer en desgracia. Luego, al secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro no le quedó otra que hacerse cargo de la nueva fuerza porteña, hasta hoy.
Proceso a los trabajadores
«Increíblemente, hay seis personas acusadas de resistencia a la autoridad por intentar que no se destruya un taller protegido», explica a Tiempo Adrián Albor, abogado de uno de los detenidos de esa jornada, Daniel Catalano, hoy secretario general de ATE Capital «Lo que ellos estaban haciendo agrega Albor- está contemplado por el Código Penal, que considera que un ciudadano puede resistirse ante un delito en flagrancia cometido por cualquier funcionario que desobedece un amparo judicial. Porque había una medida previa de un juez de no innovar hasta que no se resolviera la cuestión de fondo sobre ese espacio, donde los pacientes desarrollaban sus actividades.
El asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura, Ángel Barraco, analizó que desde el gobierno de la Ciudad nunca creyeron que podía ocurrir esa resistencia. Si bien la dejaron suspendida por la inmediata condena social, hay que estar atentos, porque hoy estamos frente a una deshospitalización del Borda, que nada tiene que ver con lo que establece la Ley 448 de la Ciudad ni con la Ley Nacional 26.657, que proponen la desmacomialización indicó el especialista.
Muchos pacientes del Borda ya fueron derivados a sus obras sociales como PROFE o PAMI y se sabe que hay menos internados. Se está vaciando el hospital, pero no con la idea de desmanicomializar, sino con la de, en un futuro próximo, avanzar sobre los espacios públicos que hoy tienen el Borda y el Moyano, y así terminar de concretar el gran negocio inmobiliario que quería Macri en Barracas. «
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