Bullrich, al banquillo

El sujeto que acababa de votar en una escuela de San Isidro huía por una calle arbolada con pasitos cortos y veloces. A sus espaldas le gritaban «¡Santiago Maldonado, presente!». Su pareja, un tipo de porte atlético y barba entrecana, se interponía entre él y los escrachadores, volteándose cada tanto para chillar «¡Está ahogado!», mientras el otro apuraba aun más el tranco. Era nada menos que el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Y así sobrellevó la histórica jornada del 27 de octubre. 

Hasta el 13 de diciembre de 2016 había circulado como un espectro por los pasillos del régimen macrista, ya que su dilatada trayectoria como abogado de militares acusados por delitos de lesa humanidad tornaba recomendable su bajo perfil. Pero esa noche su identidad saltó a la luz por un yerro jolgorioso de su jefa, Patricia Bullrich.

–¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de Gabinete! –exclamó a viva voz y ya con una dicción incierta.

Transcurría el festejo por el fin de año en un salón del Ministerio.

–¡Todas andan locas por él! –insistió

A su lado, el aludido forzaba una sonrisa incómoda.

Un video con la escena se viralizó.

Entre aquellas dos fechas ambos pusieron en marcha un plan criminal basado en maniobras ilegales de inteligencia –que incluía la construcción de un grupo terrorista inexistente– para justificar una serie de ataques represivos a las comunidades indígenas asentadas en el sur patagónico con el propósito de facilitar negocios inmobiliarios. Por tales razones el viernes pasado fueron penalmente imputados –junto al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, y el actual jefe de Gabinete, Gerardo Milman– en un dictamen del fiscal federal Franco Picardi –ya en manos de la jueza María Eugenia Capucheti– a partir de una denuncia efectuada el 11 de junio por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

«Si están violando a mi mamá, voy a actuar». Esa frase –de inevitable resonancia freudiana– fue pronunciada por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, horas antes del asesinato de Santiago Maldonado, durante un cónclave en Bariloche con autoridades políticas y policiales de Río Negro y Neuquén para coordinar la represión contra los mapuches. La actitud algo desquiciada de este personaje y la atmósfera de irrealidad que flotaba allí preludiaban una tragedia histórica.

¿Acaso en esta trama estaba el germen de otra coreografía homicida?

Lo cierto es que el primer eslabón de esta cadena se podría situar a fines de agosto de 2016, cuando el Ministerio de Seguridad elaboró un informe con el siguiente andamiaje conceptual: los reclamos de los pueblos originarios «no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito de tipo federal porque se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas». Un proceder cuasi subversivo, puesto que –siempre según el documento– «afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas». 

Casi 15 meses más tarde una enardecida patota del Grupo Albatros de la Prefectura desataba una cacería humana sobre un puñado de pobladores mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu, asentada sobre una orilla del lago Mascardi, en Bariloche, que se había replegado hacia un monte tras el virulento desalojo del jueves 23 de septiembre. Y exactamente a las 16:30 del sábado 25, ellos intentaban frenar con piedras a los uniformados; esas eran sus armas. La correlación de fuerzas era despareja; los perseguidores respondían con balas de fusiles automáticos, escopetas y ametralladoras. Los proyectiles rebotaban en los árboles; la corrida era desaforada. De pronto, se escuchó un alarido. Había sido lanzado por una silueta que caía. Entonces se le oyó decir «¡No puedo respirar!», en medio de un gemido atroz. Rafael Nahuel, de 21 años, ya agonizaba. Murió minutos después.

Mientras las crónicas periodísticas resaltaban la coincidencia temporal entre el velatorio de Santiago Maldonado en la localidad bonaerense de 25 de Mayo y el asesinato de Rafael, la única reacción oficial fue el silencio. Un estremecedor silencio rematado con la intensificación del accionar represivo en la zona y un novelesco comunicado. Recién el lunes, el ya afamado dúo compuesto por los ministros Germán Garavano y Bullrich, tomó la palabra en defensa del buen nombre y honor de los prefectos implicados en el asunto. Fue el puntapié inicial del encubrimiento. Un manto de impunidad del que no fueron ajenos los tres poderes del Estado.

En tal marco no es un dato menor la alianza entre Gendarmería y la AFI con la Diplocar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) chilena en la «guerra contra enemigo interno», encarnado en las comunidades mapuches de ambos países. Una suerte de Plan Cóndor que se anudó a partir del llamado «Operativo Huracán» sobre la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), es decir, la versión trasandina de la ilusoria RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que actuaría en Argentina. Un logro que, según sus hacedores, habría desbaratado un complot con implicancias calamitosas. De modo que en base al informe de inteligencia elaborada por la Diplocar al respecto, el dream team de Bullrich supo diseñar su estrategia bélica en la Patagonia, resumida en un publicitado mamotreto de 180 folios y que impulsó la creación de un Comando Unificado entre las fuerzas federales de seguridad y las de Chubut, Neuquén y Río Negro. Pero en Chile se produjo una crisis política descomunal al demostrarse que tal informe era un fraude desde la primera a la última hoja, incluyendo falsas escuchas No obstante, Bullrich continuó basándose en esa investigación apócrifa para así justificar su política represiva en la región.

Ya es un lugar común comparar tal «epopeya civilizatoria» del régimen macrista con la Campaña del Desierto, cuando en realidad las tres provincias afectadas resultaron para Bullrich una versión desmejorada de lo que en 1975 fue Tucumán durante el «Operativo Independencia»: un laboratorio represivo.

En su escrito el fiscal Picardi señala: «Este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad».

Patricia Bullrich y los suyos ahora tendrán que dar explicaciones. «