La presentación alude a supuestas irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras la violenta represión desatada durante la marcha del 12 de marzo.
La presentación radicada en el fuero federal alude a supuestas irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras la violenta represión desatada durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La denuncia presentada sostiene que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes. Según el escrito, la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.
Bullrich insiste en que entre los detenidos liberados por Andrade se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. En la denuncia también se afirma que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía.
Cabe recordar que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores.
Por su parte, la jueza Andrade dijo que “nadie” le dio información acerca de que “había barrabravas” entre los detenidos e indicó además que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.
En tanto, expresó que “las investigaciones no están cerradas”. “El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente”, sostuvo.
“Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea”, dijo.
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