Repudian el «Operativo Tormenta Negra» de Jorge Macri: “Usa a las fuerzas para violar todos los derechos”

Guitarras distorsionadas, golpes en los parches de una batería que marca el paso firme de cientos de efectivos mientras se escuchan tiros de fondo. Motos y patrullas policiales que avanzan en zonas vulneradas, mientras un paneo muestra a varias personas que son requisadas contra una pared. La descripción de ese corto audiovisual podría ser el avance de una película taquillera, pero no, es uno de los tantos videos institucionales que el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri difunde en sus redes.

“Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes. Ley y orden”, posteo el intendente, acompañado de un video que muestra un operativo policial en los barrios populares de la Ciudad al que bautizó “Tormenta Negra”.

La noche anterior, en otro posteo, el ex intendente de Vicente López felicitó el accionar del ministro de Seguridad Horacio Giménez, por el accionar de la Policía de la Ciudad: “Gracias por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que en esta Ciudad la ley se cumpla y el orden se respete.”

Está decidido. Jorge Macri basará su campaña electoral de cara a 2027 en crear la imagen de un tipo duro que lucha contra la delincuencia, los robos en general y el narcotráfico en particular. Pero esa decisión incluye un sesgo discriminatorio, culpando, reprimiendo y apresando a quienes viven en las villas porteñas.

En diálogo con Tiempo, referentes de derechos humanos y quienes luchan contra el gatillo fácil y la violencia institucional rechazan la criminalización que Macri realiza sobre los más postergados.

“Lo que vemos con Jorge Macri, y este operativo Tormenta Negra es una constante de esta gestión, es que su gobierno se caracteriza por utilizar a las fuerzas de seguridad para violar todo tipo de derechos humanos. Principalmente, este tipo de operativos se podría llevar a cabo sin un control jurisdiccional o de un juez, con un punto específico, como buscar alguna determinada persona”, explicó a éste medio Matias Busso, de la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI).

El referente social y abogado defensor en materia de DDHH, destaca que el Gobierno porteño hace estos operativos específicamente en los barrios populares.

“Los estigmatiza como si fueran el único lugar donde se cometen delitos, además de ser una violación flagrante de los derechos humanos. Pero creemos, por sobre todo, que es una medida que no responde a políticas de seguridad, sino a cuestiones más publicitarias o a demostrar que se hace algo con el costo que lleva para los derechos de las personas”, agregó.

Detenidos en el operativo

Hasta el momento, en la zona judicial Este el megaoperativo porteño produjo la detención de cinco personas detenidas en villa 31. Cuatro de ellas por comercialización de estupefacientes y una por amenazas y resistencia a la autoridad.

En la zona judicial Sur de la Ciudad hay dos personas detenidas en Zavaleta por tenencia simple de estupefacientes, tres en el barrio Cildañez por comercialización y una persona detenida en la 21-24 por resistencia a la autoridad, al igual que otra persona detenida en la Villa 15. Mientras que en la zona judicial Oeste hay solo una persona detenida por portación de arma de fuego y comercialización de estupefacientes.

El uso de las fuerzas de seguridad para este tipo de operativos es algo que caracteriza esta gestión y queda claro en distintos campos.

Pero lo que caracteriza esta gestión, que utiliza la fuerza de seguridad para esto. Y lo vemos en distintos campos. Lo vemos con la venta ambulante, donde detienen personas por vender palta. Lo vemos con los desalojos administrativos, donde no cumplen los procedimientos y desalojan a las personas sin darle una solución habitacional. Es decir, es algo que se está viendo o con los operativos conjuntos, con la Fuerza de Seguridad de Nación, con Policía Federal contra los inmigrantes. Es algo que sea en conjunto, que tiene como único fin estigmatizar, expulsar, criminalizar a la gente pobre, humilde de la ciudad.

Se vive, por otro lado, como lo plantea, una situación de crimen organizado y esos presupuestos que por ahí se pueden establecer en otros lugares. Lo que se está haciendo es simplemente una política de hostigamiento frente a la gente de las villas. Eso también lo vemos con la clausura de locales. Veníamos viendo cómo, y en este operativo también ocurrió, pero clausuran locales violando inclusive las leyes de urbanización de la villa, que establece explícitamente que no se puede hacer.

Es decir, están por un lado criminalizando a la población y por otro lado le sacan las pocas herramientas de trabajo y de asistencia que tienen. Nada, creemos que es algo realmente preocupante, principalmente ateniendo a la situación social y económica de la época.

Valeria Muston integrante de la Correpi, contó a Tiempo que estos operativos se dan en el marco de una campaña del jefe de Gobierno que parece competir por derecha con el Gobierno nacional. “En la ciudad con mayor recaudación hacen propaganda diciendo que van a limpiar la ciudad de pobres, criminalizando a los más castigados por esta política. Ayer ingresaron fuerzas de todo tipo a los tiros a barrios llenos de niños y niñas en las calles, violando absolutamente la integridad física de las y los vecinos”, explicó.