«Buscan legitimar la criminalización de la protesta social»

«La Justicia a medida. El sueño de Cambiemos a nivel nacional tiene su primera avanzada concreta en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el telón de la autonomía. El macrismo busca impunidad y legitimar la criminalización de la protesta social». Con ese argumento, los trabajadores judiciales y referentes de los movimientos sociales retomaron la campaña para denunciar los objetivos que advierten detrás del proceso de traspaso de la Justicia en la Capital Federal. 

La Legislatura porteña tenía previsto votar el último miércoles la ratificación del convenio firmado en enero por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que dispone la transferencia progresiva de la Justicia Ordinaria Penal, el fuero sobre Relaciones del Consumo, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble, a la Ciudad de Buenos Aires. La votación que el PRO aspira a imponer con el apoyo del bloque ECO que conduce Martín Lousteau desde la Embajada argentina en Estados Unidos se postergó para el 5 de abril debido al fallecimiento de Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 

El acuerdo no solo tiene que ser refrendado por la Legislatura, sino también por el Congreso Nacional. Por eso, hace una semana los trabajadores agrupados en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), encabezados por Julio Piumato, se movilizaron hasta el Congreso para hacer visible su rechazo. «Lo que busca el gobierno es impunidad. Ellos trasladan juzgados y fiscalías sin jueces ni fiscales. Los van a designar por la simple mayoría del Consejo de la Magistratura donde el PRO tiene los votos. Entonces, los jueces designados por Larreta van a tener que entender en las denuncias de corrupción del gobierno. Si se concreta el traspaso, el PRO pasa a controlar toda la Justicia de la Ciudad», advirtió Piumato. 

Bajo la misma lógica y en un contexto donde las denuncias por represión crecen y se viralizan, el dirigente sindical señaló que la intención también es legitimar a través de los nuevos jueces «la criminalización de la protesta social». Y aseguró: «Lo que está clarito es que esto no va a hacer la mejor Justicia. Hay intereses particulares de los funcionarios que se están poniendo en juego». 

En el mismo sentido se expresó el presidente del bloque Peronismo para la Victoria de la Cámara de Diputados y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, al señalar que «el traspaso implica una deliberada política del macrismo para nombrar jueces y colonizar a la Justicia». Y advirtió: «Pretenden que los jueces pasen a ser definidos por el Consejo de la Magistratura local, que está gobernado por ellos». 

Además, el diputado analizó que, «en materia penal, una represión en una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, a la sede de cualquier Ministerio del Poder Ejecutivo Nacional o a la misma Casa Rosada, pasaría a ser investigado por un fiscal de la Ciudad y juzgado por un juez de la Ciudad, elegidos por el Consejo de la Magistratura de la porteño». 

Y completó: «De esta manera, la Justicia local pasaría a tener un poder enorme, investigando y actuando frente a movilizaciones en la sede del poder político nacional, donde se expresan ciudadanos de todo el país». 

En ese marco, a partir del miércoles los aspirantes a jueces comenzaron a recibir un formulario que deben completar con su nombre y puesto por el que concursan y la manifestación de su respaldo a favor del traspaso. Además, confiaron fuentes judiciales, el documento los conmina a someterse al régimen del Impuesto a las Ganancias. 

Pablo Serdán, miembro de la comisión directiva de UEJN, señaló: «Esto es una forma de presión porque el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que ser el órgano de aplicación, va a saber lo que piensan sobre dos temas donde el gobierno tiene posición tomada y que es pública». «