La discusión, que duró dos sesiones, dejó en claro la oposición de un amplio espectro de legisladores.
El punto más criticado fue el de que el conjunto del proyecto reduce el control del flujo de capitales y de su participación en las empresas, al tiempo que reduce los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En ese sentido, el proyecto elimina el artículo 20 de la actual ley, por el cual la CNV puede intervenir una empresa y designar veedores con poder de veto si encuentra que la dirección empresaria toma decisiones en perjuicio de los accionistas minoritarios.
El proyecto, además, incluye la cobertura legal a la securitización de las hipotecas UVA, es decir, la venta en el mercado de capitales de bonos cuyo activo subyacente está conformado por esas hipotecas.
Asimismo, el proyecto legaliza la banca privada, sospechada desde hace años de desarrollar una ingeniería financiera que permite a los grandes capitales privados eludir el pago de impuestos.
También se criticó que el período de incompatibilidad por el cual un miembro del sector privado no puede formar parte de la CNV, fue reducido de dos años a seis meses. «
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