Cada profesor universitario perdió $65 mil en dos años y medio

Las 57 universidades nacionales en todo el país no comenzarán las clases el próximo lunes. Así lo resolvieron las tres federaciones que agrupan a los docentes de la educación superior. Por el lado de la Conadu Histórica la medida es por tiempo indeterminado mientras que la Conadu y Fedun resolvieron iniciar un plan de acción con una medida de fuerza de 48 horas.

Es que, en lo que va del año, los profesores percibieron de manera unilateral un incremento en sus haberes de apenas un 5% (más un 2,7% correspondiente a una recomposición por el año 2017) mientras la discusión paritaria se encuentra completamente empantanada ante el ofrecimiento de un 15% que realizaron las autoridades de las altas casas de estudio. La propuesta, además, contempla que el pago de la última cuota se produzca recién en el año 2019.

Un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV da cuenta de la situación que atraviesan los trabajadores de la educación superior desde 2015 a esta parte y pone de relieve que la discusión paritaria de este año se realiza sobre la base de una fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada. Por ejemplo, sólo en 2016, el sector resignó 1,19 salarios durante todo el año por el desfasaje que implicó el acuerdo paritario de un 35,2% con relación a una inflación anual acumulada de un 41%. Sobre esa pérdida es que se negoció el incremento de un 25% de 2017 contra una inflación del IPC CABA que llegó a un 26,1%. Pero además, durante lo que va del 2018, en apenas seis meses, los docentes universitarios resignaron el equivalente a un salario entero si se toma en cuenta que el índice de precios escaló un 16% y que los salarios lo hicieron en menos de la mitad.

Según el cálculo realizado por el Observatorio, en estos dos años y medio, los docentes acumulan la pérdida de tres salarios y medio que, para un cargo testigo de un profesor de titular universitario sin antigüedad, equivalen a una suma de $65.058.

El mismo estudio sostiene que para el caso de los investigadores del CONICET la pérdida del poder adquisitivo podría alcanzar un 21% para fin de año que, para el período analizado, implica una pérdida superior a los $58 mil para un becario doctoral con dedicación exclusiva. 

Además, analiza el deterioro salarial de los docentes de nivel primario que para el caso de la provincia de Buenos Aires ya acumulan una pérdida de $24 mil por cargo y también tienen su paritaria salarial sin concluir al igual que sus pares de otras cuatro provincias.

Los valores sirven para graficar la situación aunque no son del todo representativos de la realidad de los trabajadores de la educación que presentan situaciones distintas según los cargos, las dedicaciones y la antigüedad. Con todo, son el reflejo de una situación de profundo deterioro salarial que, en el caso de los profesores universitarios, se expresará en la medida de fuerza que comienza la semana que viene y que, por el momento, no se sabe cuando concluye.

En ese ámbito se destaca el acuerdo salarial que, con una huelga de más de 45 días, alcanzaron los docentes de Neuquén que lograron plasmar una indexación automática de los salarios por inflación en forma trimestral.

Pero el ajuste sobre la educación superior no está acotado al ítem salarial de sus docentes. Según destaca el estudio de la UNDAV existen cinco programas del ministerio de Educación destinados a las universidades que sufren un ajuste de hecho por subejecución. El caso más resonante es el de infraestructura que, en los seis mese de 2018, no devengó un solo peso de los $3 mil millones que tiene asignados en el presupuesto. Una actitud similar se verifica con relación a las partidas destinadas a la asistencia financiera donde la ejecución supera apenas el 20%. El porcentaje sube hasta un 38% del total asignado en los ítems referidos a los hospitales universitarios, fomento a la investigación y programas de becas. Para la UNDAV se trata de una deuda que ya acumula más de $12 mil millones en lo que va del año. A eso habría que adicionarle la ejecución nula de fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento como el Tesoro Nacional que contempla casi $4 mil millones para las universidades nacionales.

En este contexto es que, por ejemplo, las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche aseguran que disponen de fondos para funcionar hasta el mes de octubre de este año luego del cual se verían obligados a cerrar las puertas de la institución fundada en 2011 y que cuenta con 21 mil estudiantes.