Cambiemos acumuló 39 hechos represivos en un semestre

Durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales. De ellos, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre. El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que relevó hechos de represión y hostigamiento protagonizados por fuerzas de seguridad.

Para los autores, existe un vínculo directo entre el agravamiento de las condiciones económicas y el incremento de la «mano dura». «Durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social –indica el informe–. La padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros».

El título del documento establece que esa sucesión de episodios constituyen «El método Cambiemos» para vaciar las calles de manifestaciones y protestas. Para los autores, «las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social. La represión funciona de esta forma como mecanismo de ‘contención’ del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes».

El estudio revela que el «método» se aplica sin distinguir entre tipos y origen de la manifestación. «A modo de ejemplo –sostiene CEPA– podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria».

Además de la acción directa, el informe menciona que las prácticas coercitivas incluyen la «judicialización de la protesta social», una lógica que, según los autores, se inauguró en enero de 2016 con el encarcelamiento de la dirigente Milagro Sala.

La detención de dirigentes sindicales en Río Negro tras una manifestación frente a la Legislatura, la detención de legisladores, delegados gremiales y un abogado durante el paro del 6 de abril en Mendoza, y los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, son algunos de los hechos que destacan desde el CEPA, aunque estos últimos casos no están entre los 39 casos relevados hasta junio de este año. «