Cambiemos se dispone a legalizar el espionaje a celulares en el nuevo Código Procesal

La Legislatura porteña se dispone a modificar el jueves el Código Procesal Penal  y el Contravencional de la Ciudad a pesar de las graves denuncias por afectar garantías constitucionales. “No abrieron la discusión, fue prácticamente a libro cerrado”, dice Mariano Recalde, vicepresidente de la comisión de Justicia de la Legislatura. “Estos cambios son para darle más poder a la policía y a los fiscales en desmedro de derechos humanos constitucionalmente garantizados, como el derecho a defensa, al debido proceso, el derecho a la intimidad y a la libertad. Apuntan a una política de mucho más mano dura, realmente inquisidora”.

Los bloques Peronista, Socialista y de Unidad Ciudadana presentaron un dictamen en minoría donde cuestionan duramente las medidas especiales de investigación que pretende introducir el Ejecutivo porteño, ya que “implican lisa y llanamente una violación a la intimidad de las personas, no sólo del imputado sino de terceros ajenos a las causas. La propuesta es tan amplia que avala el abuso”.

El diputado de Unidad Ciudadana se refiere al acceso remoto a celulares, computadoras, tablets, escucha y grabación de conversaciones privadas, intrusión en bases de datos, vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización. “No dan ningún tipo de garantías –explica Recalde– sólo se dice que queda a criterio de la razonabilidad de los jueces. Es completamente insuficiente para garantizar que la intimidad de las personas no sea violada”. 

La diputada del FIT Myriam Bregman, por su parte, aseguró que “Rodríguez Larreta quiere autorizar el espionaje sin límites con el nuevo Código Procesal Penal”. Además, el diputado Recalde advierte que hay otras modificaciones que afectan el derecho a la defensa, el principio de inocencia y la libertad de las personas, como la extensión de las causales de la prisión preventiva, por ejemplo, entre las causales para que el juez mantenga a una persona detenida, “alcanza que el fiscal pida una pena muy alta”.

Más de una docena de organizaciones civiles, entre las que se encuentra el CELS, Amnistía Internacional, ACIJ y Poder Ciudadano, advierten con preocupación que el proyecto quiebra la lógica de un sistema de justicia en un Estado de derecho en una República con división de poderes.

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El defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, en nombre del Ministerio Público de la Defensa, presentó  dos oficios en la Legislatura alertando sobre estos temas. Si hasta ahora todo imputado tenía derecho a ser asistido “desde el primer instante en que es detenido, la nueva redacción permite a las fuerzas de seguridad diferir de forma arbitraria en el tiempo el derecho de ser asistido por un defensor desde ese primer momento por un cambio en la redacción de la normativa”. Recalde cuenta que en la comisión “los diputados oficialistas decían que la nueva redacción no iba a cambiar nada, que el defensor iba a seguir estando. Pero entonces por qué lo cambian les preguntábamos y no podían explicarlo. Hoy el sistema funciona muy bien, los defensores están en las comisarías y automáticamente el imputado tiene una defensa”. El cambio puntualmente sustituye la obligación del Estado a garantizar la defensa a la propuesta de la persona imputada.

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En relación con la Ley de Procedimiento Contravencional, el defensor general advirtió que encubre una vuelta a los edictos contravencionales, ya que con la reforma “la única manera de hacer cesar una contravención sería la detención, aun si existieran medidas menos gravosas”. Así se reinstalan mecanismos de control social en manos de la policía. Los datos del Ministerio Público son contundentes: el 91% de las detenciones del año 2017 no fueron convalidadas por el Poder Judicial.

Myriam Bregman expresó que este proyecto implica “un avance criminalizador inusitado. Cambiemos aprovecha la mayoría automática que tiene en la Legislatura para aprobar incluso medidas investigativas que ni el Senado de la Nación se animó a aprobar”

El Ministerio Público, en el oficio presentado en la Legislatura, muestra su preocupación por la inclusión con pena de arresto a actividades que son actuales medios de subsistencia de personas desempleadas o afectadas por la crisis de empleo que vive el país, como limpiar vidrios o fijar carteles en la vía pública, que “han sido en los últimos años víctimas de una mayor criminalización”.

En definitiva, culmina el Ministerio Público, «ninguna de las modificaciones propuestas agiliza el procedimiento contravencional ni amplía derechos y, por el contrario, algunas resultan francamente contrarias a la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de Derechos Humanos”.