El gobierno de la Ciudad impulsa desde hace meses una reforma a los códigos Contravencional y Procesal Penal porteños que permite detener sin orden judicial y criminaliza a vendedores ambulantes, trapitos y artistas callejeros, entre otras arbitrariedades.
El Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, advirtió que los proyectos oficiales “vulneran derechos y garantías”.
Corti presentó en la Legislatura dos oficios en los que señaló que muchas de las modificaciones que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta son “regresivas para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, ya que resultan contrarias a la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechos humanos y atentan contra el principio constitucional de defensa en juicio”.
En relación con la Ley de Procedimiento Contravencional, Corti explicó que la nueva redacción que se propone del artículo 20 habilita la detención de una persona por flagrancia (que se esté cometiendo la contravención en ese momento), peor impide detener esa contravención de otra manera, aun si existieran para ello medidas menos gravosas.
“Así se reinstalan mecanismos autónomos de control social en manos de la policía”, señaló el defensor.
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Respecto a los cambios en el artículo 18 de esta ley, que habilitaría la denuncia anónima, Corti sostuvo que “parece estar destinada a brindar mayor margen a la policía para iniciar procedimientos contravencionales” y recordó que si lo que se pretende es resguardar la identidad de una víctima, hay otros mecanismos para ello.
En cuanto a las modificaciones al Código Contravencional, destacó que llevarían a la “criminalización de colectivos y comunidades en situación de clara vulnerabilidad” y permitirían “la detención de prácticamente cualquier acción realizada en el espacio público”.
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En ese marco, hizo hincapié en que se pretende incorporar el arresto en figuras que ya existen (como el acoso sexual callejero o el caso de los cuidacoches) y en nuevos tipos contravencionales (como limpiar vidrios o fijar carteles en la vía pública), y manifestó su preocupación en aquellos casos en los que acción sancionada es un medio de vida.
El gobierno porteño impulsa también una reforma del Código Procesal Penal que, entre otras cosas, permitiría a las fuerzas de seguridad diferir, de forma arbitraria en el tiempo, el derecho de ser asistido por un/a defensor/a, desde ese primer momento.
“Esto conlleva graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio”, señaló Corti y se preguntó: “¿Qué razón hay para limitar un derecho que en la práctica se viene llevando a cabo por la Defensa Pública sin generar conflictos ni discusiones judiciales?”.
“Resulta alarmante que a la vez que se busca reformar los tipos contravencionales para criminalizar las actividades de subsistencia en el espacio público, se pretenda también modificar las garantías que ofrece la Ley de Procedimiento Penal respecto de la detención de los contraventores”, concluyó el titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
