El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y ratificó el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA. Son 1800 km de rutas.

La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en el que, además se ratifica la privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A.
Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.
Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.
Según se publica en la resolución ministerial, la adjudicación se realizó por tramos:
-Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: El consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.
–Tramo Pampa: la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), con una oferta de $2.355,37 sin IVA.
El consorcio adjudicatario del Tramo Sur, que engloba más de 1300 kilómetros entre la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226, reúne empresas con amplia trayectoria en la obra pública argentina.
Coarco S.A es una empresa del marplatense Patricio Gerbi, incluido como imputado arrepentido en la Causa Cuadernos, y con más de 55 años en el rubro, es una de las principales contratistas de la porteña AUSA y de Vialidad provincial. Concret Nor SA, es una firma que comenzó a operar en 1997 y tiene como presidente a Sebastián Galluzo; Marcalba es otra contratista de obras públicas de pavimentación y bacheo manejada por Alejandro Radetic, y Pose es una constructora originaria de Santa Fe ahora asentada en La Plata, propiedad de David Serna y Gustavo Etchanchu.
Por otra parte, CEOSA, empresa fundada por Juan Porretta y Amalia Furiasse, que actualmente es una de las principales contratistas de la provincia de Mendoza, se quedó con la concesión del Tramo Pampa, que comprende 546 kilómetros de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa.
En tanto, la resolución ministerial también detalló las empresas que perdieron la licitación, estableciendo un orden de prioridad por si los ganadores no pudieran cumplir con los requisitos finales.
Para el Tramo Sur el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $ 1.057,85.
En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248.
La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $ 1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.
Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975.
Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $ 3.219, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354.
La resolución indica que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos. La adjudicación permite, además, el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.
La Resolución 706/2026 firmada por Caputo ratifica, además, el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el artículo 7° de la Ley 27.742 (Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos).
Corredores Viales S.A. es una empresa estatal cuyo capital social pertenece íntegramente al Estado Nacional (51% el Ministerio de Economía/Transporte y 49% Vialidad Nacional), que fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, para gestionar, mantener y operar rutas nacionales.
El Gobierno de Javier Milei comenzó a inicios de 2025, a través del decreto 97/2025, el proceso de privatización, disolución y liquidación de esta firma estatal.
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