Datos oficiales de Capital Humano e INDEC confirman que los salarios pierden contra la inflación

Mientras el Gobierno desacredita sus propios indicadores, los números oficiales confirman que el consumo interno se hunde por la pérdida de poder adquisitivo. Ni la inflación de marzo ni la evolución salarial del primer trimestre dejan lugar a dudas: las familias tienen cada vez menos recursos.

La debilidad del consumo interno se explica en buena medida por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, algo que certifica la comparación entre índices oficiales de inflación y remuneraciones. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de marzo fue de 3,4%, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) —publicada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo— registró un crecimiento de 2,4%.

La misma tendencia se repite al observar los datos trimestrales de INDEC y Capital Humano: la inflación acumulada a marzo llegó a 9,4%, frente a una evolución salarial del 8,6%. Esta brecha demuestra que los salarios perdieron terreno contra la inflación, agudizando la escasez de recursos de las familias, justo cuando el gobierno de Javier Milei insiste en demonizar al RIPTE.

Foto: Damián Dopacio / NA

Milei y Caputo contra el INDEC, el RIPTE y los que vengan

Aunque el Ejecutivo afirma que el RIPTE “no es un buen indicador” por su conformación, lo cierto es que para elaborarlo se toman valores y mediciones oficiales de distintas oficinas y organismos del Estado. Con lo cual sus datos también tienen carácter oficial, algo que el plan económico del Gobierno prefiere minimizar cuando los números no le son favorables.

Además, el “sueldo disponible” luego del pago de obligaciones básicas también se redujo, por lo que la capacidad de comprar bienes se deterioró y afecta tanto al comercio como a las industrias. El RIPTE, cuyas características son públicas —salarios con antigüedad de 13 meses o más, sectores privado y público nacional, provincial y municipal con cajas transferidas al SIPA, solo componentes remunerativos y tope imponible para aportes—, no hace más que reflejar esa realidad.

Así, mientras las excusas oficiales intentan restarle valor a los datos que el propio Estado genera, la evidencia muestra una pérdida sostenida del poder adquisitivo. El consumo interno se debilita, las familias enfrentan más carestía y el comercio acusa el golpe, todo ello bajo un plan económico que parece encontrar en el descrédito de sus propias estadísticas un cómodo, aunque frágil, salvavidas.

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