El controversial DNU 941 redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuyo control político está en manos del asesor presidencial.
Mientras desde la oposición denuncian el montaje de un “Estado policial” que se va a dedicar a la «persecución», en el Poder Ejecutivo avanzan en la confección de un protocolo para regular las aprehensiones de personas de parte de agentes de inteligencia.
En concreto, el Decreto 941 les permite a los agentes de la SIDE detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de brindar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
El protocolo buscará establecer con la mayor precisión posible bajó qué circunstancias puntuales los agentes van a estar habilitados para aprehender personas, además de especificar qué personal estará afectado a dichas tareas de inteligencia.
El DNU coloca las actividades de la SIDE, cuyo control político está en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI) en reemplazo de la División de Asuntos Internos.
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