Cárceles bonaerenses: una crisis humanitaria potenciada por la mano dura del macrismo

Una de las bombas de tiempo, acaso una de las más peligrosa que el macrismo le dejó a Alberto Fernández, fue la delicada situación en las cárceles de todo el país como resultado de sus políticas de mayor control social, que atestaron de detenidos los lugares de encierro. En la provincia de Buenos Aires se generó el escenario más tenso, con una huelga de hambre protagonizada por el 25% de los presos que ya lleva más de diez días. El gobierno entrante de Axel Kicillof adelantó que tratará la problemática en una “mesa de diálogo” con todos los sectores involucrados.

“Hay, según las estadísticas, 49.567 internos, hombres y mujeres privados de su libertad, para 24 mil plazas. Hay una superpoblación notoria. Ha habido un crecimiento de 33 mil hasta los 49 mil de hoy. Eso genera la sobrepoblación penitenciaria que supera el 100% de la capacidad. Es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino”, graficó Kicillof en su discurso de asunción.

Unos minutos después de haber jurado como ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak anunció la convocatoria a una “mesa de diálogo” a instancias de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia (ver aparte), que consideró como una “crisis humanitaria” la situación, dada la elevada tasa de detenidos debida al uso inadecuado de la prisión preventiva, a las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales; y a las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena. Para el alto tribunal, este combo es susceptible de generar responsabilidad internacional para el Estado argentino.

Alak convocará a los representantes de los tres poderes del Estado, a organizaciones de Derechos Humanos y a la Iglesia. Y presos de varios penales están presentando notas para tener representación en esa «mesa». Convocan al abogado Juan Manuel Casolati, a quien muchos conocen de su paso por el Ministerio Público como secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín.

“El inicio de esta huelga fue por la falta de alimentos que se dio en el último mes y medio. Dejaron de proveer carne, pollo y verduras. Para alimentarse, los presos empezaron a depender de lo que le llevaban sus familias, pero como todos sabemos los familiares tampoco la están pasando bien”, explicó a Tiempo Roberto Cipriano García, quien coordina la Mesa Ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que será una de las patas clave del diálogo propuesto por la Corte.

Si bien sobre el final del mandato de María Eugenia Vidal, se restableció la provisión de alimentos en los penales, la mecha ya estaba encendida. “El reclamo se extendió hacia otras demandas pendientes, básicamente hacia la justicia por la mora en las resoluciones a la hora de otorgar beneficios, y por el uso cada vez más regresivo de figuras legales que terminaron por aumentar las detenciones”, precisó García, para quien “la situación es crítica desde hace años, como lo venimos denunciando en los informes anuales, pero las 16 mil detenciones de estos cuatro años fueron un récord, y eso es lo que provocó el colapso del sistema”.

En un reciente comunicado elaborado por los presos, exigieron para los detenidos que no están condenados y llevan más de dos años de encierro, «liberación inmediata, conmutación de penas, que se den los beneficios en tiempo y forma, salidas transitorias, pulseras, libertad condicional, asistida, que se saque la ley Blumberg, que vuelva el 2×1 y la condicional para reincidentes». Y agregaron: «Basta de mujeres con niños en las cárceles».

El mapa geográfico de la huelga es cambiante. En algunos penales, como los de Dolores, Florencio Varela o Campana, la adhesión fue prácticamente total; en Batán o Sierra Chica también se registra un apoyo generalizado; mientras que los diferentes pabellones de otras cárceles, como la de Magdalena, se suman y se bajan de la medida de modo intermitente.

Las fuentes coinciden en señalar que llegar a una solución integral llevará tiempo. Sin embargo, “urge que el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense cese con algunas situaciones de violencia, amenazas y hostigamiento hacia los internos en general y hacia los que se plegaron a la medida en particular”, sostuvo García.

Se calcula que en territorio bonaerense hay en este momento cerca de 10 mil presos plegados a la huelga de hambre. Pero la medida ya se extendió hacia cárceles federales, como Devoto, a provincias como Mendoza y Córdoba, e incluso a dependencias policiales, como la Comisaría 1° de José C. Paz. «

«Aun sin condena firme, los jueces no largan a nadie»

Marcos Ocampo, 35 años, estudia Sociología en el penal de San Martín. «Entendemos que algunas cosas requieren tiempo, pero hay compañeras, que están con sus hijos en huelga de hambre, que no pueden esperar. La crisis institucional, judicial y penitenciaria no da para más», explica a Tiempo Ocampo. Con una condena a 13 años, lleva ocho preso. Dice que «no hay alimentos ni atención médica. Padecemos hacinamiento, torturas físicas y psicológicas».

Ricardo Colman tiene 59 años, de los cuales 27 estuvo preso. Estudia Derecho y coordina la carrera de Periodismo en Olmos. «Queremos que se cumpla con la Ley 24.390 del 2×1 y que la prisión preventiva no sea efectiva para penas menores de tres años y seis meses. La mayoría están detenidos sin condena firme», asegura Colman, que presenció distintos motines desde 1993.

«Siempre que se logró algo fue por medidas de fuerza. No tendría que ser así».Pablo Tolosa, 33 años y nueve preso en Varela, se licenció en Sociología en la cárcel y dice que no tienen comida. «Vivimos cinco en una celda para dos, encerrados las 24 horas, sufriendo el calor. La mayoría están pasados de los tiempos legales para acceder a salidas transitorias, pero los jueces no largan a nadie. Yo estoy por un delito excarcelable, pero no me largan por reincidente».

Mensaje 

La resolución 3341-19 de la Suprema Corte bonaerense bajó un claro mensaje al gobierno y a los jueces, a quienes recordó la importancia del uso racional de la prisión preventiva, y las medidas alternativas o morigeradoras, la excarcelación extraordinaria o el sistema de monitoreo electrónico. Promueve además el alojamiento en unidades federales o de otras provincias, dado el nivel de hacinamiento.