Con un argumento económico rehúsa recuperar el enclave que funcionó como centro de tortura y desaparición en la dictadura. Alarma de organismos de Derechos Humanos.
La Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad ha afirmado que esto no se trata de un «ajuste administrativo» ni de una «reconsideración técnica», sino de «un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
«El argumento económico utilizado por el Gobierno resulta inaceptable. No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Invocar el costo, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada», precisó.
La ONG argumentó que está en juego «la credibilidad del Estado frente a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional», aludiendo a que representa una «señal clara» de que el Gobierno «está dispuesto a retroceder en políticas de Derechos Humanos, incluso en aquellos casos donde existe reconocimiento oficial de crímenes de lesa humanidad y procesos judiciales aún en curso».
En la misma línea se expresó Mariela Santana, abogada de Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y representante de familiares detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad durante la dictadura, quien apuntó a que se trata de «un retroceso grave en materia de Derechos Humanos».
BB con Europa Press
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