Las carreras universitarias que necesitamos para no ser colonia digital

Nos convencieron de que internet es aire. Eso fue lo primero que hicieron: quitarle el cuerpo. Llamarla «nube», como si flotara, como si no tuviera raíces ni costos ni dueños ni geografía. Como si el lugar desde donde se gobierna lo que pensamos, lo que compramos, lo que votamos y lo que deseamos fuera un asunto meteorológico. Un fenómeno natural. Inevitable como la lluvia. 

Pero la nube pesa. Pesa exactamente lo que pesan los cables de fibra óptica tendidos en el fondo del Atlántico. Pesa lo que consumen en energía eléctrica los centros de datos que procesan cada búsqueda, cada transferencia, cada algoritmo que decide si sos solvente o insolvente, visible o invisible, confiable o peligroso. La nube pesa lo que pesan las decisiones de un puñado de empresas -la mayoría con sede en dos países-  que gobiernan la vida digital de ocho mil millones de personas. Eso pesa la nube. Bastante más que el aire.

Y sin embargo seguimos hablando de ella como si fuera libre, neutra, disponible para todos por igual, como el oxígeno o la luz solar. Pocas metáforas han sido tan útiles para el poder como esa. Pocas mentiras han pasado tan desapercibidas.

El país que inventó internet -que la financió con dinero público, que la desarrolló en laboratorios universitarios, que la construyó como infraestructura de investigación académica- es el mismo que hoy la gestiona como negocio privado, la exporta como producto cerrado y nos cobra por usarla bajo sus condiciones. ARPANET no nació en un garaje. Nació en una universidad. La World Wide Web tampoco salió del mercado: salió del CERN, que es un laboratorio científico sostenido por Estados. Internet es, en su origen, una obra pública que el capital privatizó tan bien que hoy la mayoría cree que siempre fue suya.

Pensemos en lo que significa, con toda la crudeza que merece, que un algoritmo decida qué noticias leés esta mañana. No un editor. No un criterio periodístico discutible pero al menos visible. Un algoritmo. Una función matemática entrenada sobre datos que no son tuyos, con objetivos que no son los tuyos, optimizada para maximizar el tiempo que pasás mirando una pantalla para que ese tiempo se venda a anunciantes que tampoco conocés. 

¿Y quién audita ese algoritmo? ¿Quién puede abrirlo, inspeccionarlo, certificar que no discrimina, que no amplifica odio porque el odio genera más clics que la serenidad, que no construye silenciosamente la agenda política de un país entero sin que nadie lo haya elegido para ese rol? La respuesta, en Argentina hoy, es: nadie. O casi nadie. Porque para auditar un algoritmo se necesitan matemáticos, ingenieros, juristas especializados, sociólogos de plataformas, economistas del dato. Se necesita, en definitiva, una universidad pública que los forme. Y esa universidad está siendo desfinanciada con una sistematicidad que sería casi admirable si no fuera catastrófica.

El gobierno de Milei tiene una visión muy clara del futuro tecnológico de Argentina: ser un buen cliente. Consumir la tecnología que otros diseñan, usar las plataformas que otros gobiernan, pagar las licencias que otros fijan, ceder los datos que otros procesan. Y cada tanto, recibir con honores a algún CEO global que viene a anunciar que abrirá una oficina de soporte técnico en el microcentro porteño, o que contratará desarrolladores junior para proyectos cuya propiedad intelectual permanecerá, con toda naturalidad, en California.

Eso se llama inversión extranjera. También se llama dependencia. Depende de quién lo nombre.

Mientras tanto, los laboratorios universitarios de telecomunicaciones no se actualizan desde hace años. Los becarios doctorales del CONICET cobran sueldos que no alcanzan para vivir en el país que se supone que están investigando. Los docentes de ingeniería, de ciencias de la computación, de derecho informático, de sociología digital migran -los que pueden- o se pluriemplean hasta el agotamiento —los que no pueden. Y los estudiantes que eligen esas carreras lo hacen contra la lógica económica inmediata, con una vocación que el Estado premia con aulas deterioradas, equipamiento obsoleto y la amenaza permanente de que el financiamiento que ya era insuficiente todavía puede reducirse más.

No hay ajuste inocente. Cada peso que se le saca a una universidad pública es un arquitecto digital que no se forma, un auditor de plataformas que no existirá, un abogado de protección de datos que no escribirá la regulación que nos haría falta, un psicólogo que no investigará el impacto de los algoritmos adictivos en las infancias argentinas. El desfinanciamiento no es una abstracción contable. Tiene nombre, tiene carrera, tiene proyecto de tesis trunco.

Se nos dice, con esa confianza que solo da la ignorancia bien financiada, que el mercado resolverá esto. Que los bootcamps de dos meses formarán a los programadores que necesitamos. Que las empresas privadas harán la investigación que el Estado no puede pagar. Que la competencia global es el mejor estímulo para el talento local.

Mentira. No por ideología: por evidencia.

Estados Unidos no construyó Silicon Valley desfinanciando sus universidades públicas. Lo construyó invirtiendo en ellas durante décadas, con dinero estatal, con políticas de transferencia tecnológica, con investigación básica pagada con impuestos que tardó varios años en dar frutos comerciales. China no construyó su soberanía digital comprándole tecnología a Occidente. La construyó sustituyendo importaciones, formando ingenieros en Tsinghua y en Pekín, protegiendo su mercado mientras desarrollaba capacidad propia. Los dos modelos son distintos en casi todo. Coinciden en esto: ninguno apostó al mercado libre como única política tecnológica. Ninguno desfinanció su sistema universitario y esperó que la mano invisible solucionara la brecha.

El libre mercado tecnológico, aplicado a un país dependiente, no genera soberanía. Genera clientes más eficientes.

En el mismo período en que se vetan presupuestos universitarios y se congela el salario docente, se celebra el arribo de plataformas globales como si fueran regalos. Como si trajeran algo más que sus propias necesidades. Como si la presencia de un data center de una empresa extranjera en territorio argentino fuera equivalente -o superior- a tener la capacidad nacional de diseñar, operar y gobernar nuestra propia infraestructura digital.

Un país que no forma a sus propios ingenieros de telecomunicaciones dependerá siempre de otros para tender su fibra óptica. Un país que no forma a sus propios especialistas en ciberseguridad no podrá proteger su infraestructura crítica de ataques que ya no son ficción. Un país que no forma a sus propios juristas en derecho digital firmará contratos con plataformas globales sin entender del todo lo que está cediendo. Un país que no forma a sus propios sociólogos de plataformas no comprenderá por qué su esfera pública se fragmenta, se envenena y se vuelve gobernable solo a través del miedo.

Los mismos que desfinancian la universidad pública en nombre de la libertad son los que nos dejan más expuestos al control de plataformas que no rinden cuentas a nadie, que no pueden ser auditadas por nadie, que toman decisiones sobre nuestra vida pública sin que nadie las haya elegido para eso.

Llaman libertad a la desprotección. Llaman eficiencia a la dependencia. Llaman inversión a la venta.

Y mientras tanto, la nube sigue pesando. Pesa exactamente lo que dejamos de construir. Pesa lo que no vamos a poder auditar, regular ni disputar porque decidimos que la educación pública era un gasto y la soberanía digital era un lujo.

Hay una pregunta que queda flotando, con todo el peso de lo que todavía podría ser y ya no será si no hacemos algo: ¿quién va a entender, en diez años, el algoritmo que nos va gobernar?