Desde el kirchnerismo aseguraron que aún no evaluaron el contenido de la invitación mientras que el sindicalismo aparece dividido luego del allanamiento a Camioneros. “No vamos a aflojar y vamos a seguir estando en la calle", señaló Moyano, en tanto la CGT parece receptiva a la invitación. Cómo fue el posicionamiento de la Iglesia y los gobernadores.

Desde el kirchnerismo, fuentes cercanas a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligieron la cautela: “No hemos evaluado el contenido de la carta ni ninguna acción política al respecto. No ha sido parte de la agenda”, aseguraron a Tiempo. El jueves, la exmandataria presentará Sinceramente, un libro que se convirtió en un boom editorial anticipado. Y prevalece la incógnita sobre qué definiciones brindará Cristina en un evento que promete sobrepasar las expectativas en torno a la presentación de un libro, con inevitables lecturas políticas.
Desde el sector sindical, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lidera el bancario Sergio Palazzo calificó el acuerdo de gobernabilidad como «una farsa» y afirmó que «un dirigente que no piense en la unidad es funcional a la continuidad de Mauricio Macri».
Para la CFT, -uno de los protagonistas del paro nacional del último 30 de abril-, que integran bancarios, gráficos bonaerenses, pilotos de líneas aéreas, molineros, televisión, docentes privados y personal de la Anses, entre 25 gremios, «el decálogo de gobernabilidad insulta la inteligencia del pueblo argentino a siete meses de una elección».
«El gobierno solo procura la convocatoria opositora para que convalide sus políticas de ruina y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante ello, se impone construir la unidad del peronismo. Lo contrario es ser funcional a Cambiemos», aseveró.
La Corriente señaló que «el decálogo que propone el gobierno es un aval a la deuda externa y a las reformas laboral y previsional y a otras estrategias de ajuste brutal». Y reclamó a la oposición que «se articule en torno de un proyecto de salvación nacional y exija al gobierno que deje de dilapidar el patrimonio estatal y financiar la fuga de capitales”.
En la CGT, en principio habría predisposición al diálogo. Pero este lunes, el allanamiento a la sede de Camioneros ejecutado por Gendarmería los llevó –al igual que a la CFT y otros sectores sindicales- a pronunciarse sobre la medida judicial. Y en ese sentido, la central obrera calificó como “gravísimo” el allanamiento y marcó en un comunicado que esto “se agrava por el despliegue inusitado e innecesario de 150 gendarmes, que más parece una puesta en escena para desviar la atención de los graves problemas que padecen los trabajadores y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Además, marcó la preocupación de la central obrera por la “falta de independencia” del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal bonaerense “en cuanto es funcional a los deseos del Gobierno Provincial y del Gobierno Federal”. El próximo 14 de mayo está prevista una reunión de su Consejo Directivo para analizar el contexto social, económico y sindical.
Mientras tanto, tras ocho horas de allanamiento, Pablo Moyano advirtió que Camioneros no acompañará ninguna “reforma laboral” –algo insinuado en el punto 5 de la carta presidencial- y afirmó: «Nosotros no vamos a participar de la convocatoria del Gobierno. No vamos a aflojar y vamos a seguir estando en la calle».
Compás de espera y condicionamientos
Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) adelantó: “Están locos si piensan que vamos a acordar con quiénes están matando de hambre a los pibes y jubilados. No participamos de ningún tipo de acuerdo a espaldas del pueblo, ni con el Gobierno que está llevando a la ruina a la Argentina luego de haber puesto al FMI al mando de la economía, ni con el peronismo que les votó todas las leyes y plantean seguir bajo los mandatos de Lagarde”.
En el caso de la Conferencia Episcopal Argentina, un grupo de obispos encabezados por monseñor Oscar Ojea fijaron este lunes desde el Vaticano, en el marco de una visita «Ad límina» dos condicionamientos centrales para el llamado que hizo la Casa Rosada: que la convocatoria no sea rígida sino «abierta» y «transformadora», con una finalidad concreta, según difundió el portal Infobae. Al parecer evaluaron como positiva la convocatoria. «El diálogo debe ser lo más amplio posible y con agenda consensuada”, afirmó Ojea a la agencia oficial Télam y marcó: “(los obispos) creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero y le pedimos al Señor que los argentinos tengamos el coraje de poder dialogar entre nosotros para sacar el país adelante».
Además del sindicalismo y de los precandidatos presidenciales de la oposición, está por verse el posicionamiento del universo de movimientos sociales, y la postura de los gobernadores, en un movimiento donde el Gobierno nacional busca condicionar a CFK y al resto de la oposición para la firma del acuerdo. Por el momento, tres mandatarios se pronunciaron, una del oficialismo, otro de Alternativa Federal, y un socialista. La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en su visita a Córdoba para reforzar la campaña de Cambiemos, con Mario Negri como precandidato a gobernador, expresó: «Espero que Cristina firme el acuerdo. No tuvimos un buen arranque con su ausencia en el traspaso de mando». El mandatario de Salta y precandidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, por su parte, ratificó su respaldo al acuerdo ampliado con la oposición. “Me parece que sería bueno que venga Cristina Fernández, todo indica que no lo hará”, manifestó. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó: “Si no nos ponemos de acuerdo en un modelo de desarrollo de país, es difícil lograr consensos. Valoramos una convocatoria al diálogo si es amplia y sincera; y si hay vocación de modificar el plan económico nos parece excelente”. Los demás mandatarios, por ahora, se expresan cautelosamente en temas de sus provincias.
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