La Cámara rechazó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y la expresidenta continuará en su departamento de San José 1111. Además, mantuvieron la obligación de seguir usando tobillera electrónica y se mantiene la restricción a quienes quieran visitarla.
En concreto, la Casación sostuvo lo dispuesto por el tribunal y ratificó que la ex presidenta deberá seguir usando tobillera electrónica y que, además, tendrá que solicitar permiso para recibir en el domicilio de Constitución las visitas que no estén en el listado que fuera entregado al juzgado, tal como ocurrió con la visita de Luiz Inácio Lula Da Silva.
En la resolución, Casación rechazó así los recursos que había presentado el abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex mandataria.
La mayoría de la cámara, conformada por los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, al considerar que “la medida impugnada se inscribe, precisamente, en ese marco: no prohíbe visitas; sólo establece que, fuera del núcleo familiar inmediato, la defensa técnica y los médicos tratantes (quienes, vale reiterar, pueden ingresar sin trámite alguno más allá de estar en una nómina), cualquier otra persona deberá solicitar autorización previa al tribunal”.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.
Beraldi se había opuesto el lunes último a mudar a la ex presidenta de San José 1111, al señalar que allí pueden visitarla sus hijos y su nieta y que las condiciones de seguridad son adecuadas, además de haber reiterado su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.
También puso foco en esa oportunidad en la “condición de mujer” de la ex presidenta “obviada de manera llamativa” en el caso y citó convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer.
La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.
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