Casación decidirá si es válida la restricción de visitas que el Tribunal le impuso a Cristina Kirchner

Por: Ariel Stemphelet

El TOF 2, a cargo de la ejecución de la condena, rechazó el pedido de la defensa contra la restricción de visitas. Sin embargo, este martes hubo luz verde para que el tema se discuta en Casación. Borinsky, Hornos y Barroetaveña son los camaristas que definirán.

El Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la ejecución de la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, habilitó este martes la posibilidad de que Casación se pronuncie sobre la validez de las condiciones para la prisión domiciliaria. Concretamente, los camaristas deberán analizar la queja de la defensa contra la restricción de visitas, una de las condiciones fijadas por los jueces.

La decisión fue tomada este martes y confirmada a Tiempo por fuentes judiciales. Se dio después de un revés que recibió ayer la defensa a cargo del abogado Carlos Beraldi al pedido presentado la semana pasada para que se deje sin efecto la restricción de visitas al departamento de la calle San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.

En ese planteo, Beraldi había solicitado en forma subsidiaria que el tema se trate en Casación. Y este martes los jueces dieron luz verde a esa posibilidad y es por eso que el expediente de ejecución llegará por primera vez a la máxima instancia penal del país, tal como había adelantado este medio.

Quiénes intervendrán

Son los jueces de la Sala IV los que ahora deberán definir. Se trata de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, quienes en noviembre del 2024 confirmaron las condenas de la causa Vialidad en un fallo de 1541 carillas. Según supo este medio, la determinación será tomada por el trío de camaristas de manera conjunta luego de pedirle opinión al fiscal de Cámara, que es Mario Villar.

El eje de la discusión gira en torno a un pedido del tribunal para que la defensa presente un listado de las personas que integran el grupo familiar, la custodia, los médicos y abogados que la representan, quienes podrán ingresar al departamento sin autorización. Sin embargo, en ese mismo punto, los jueces de ejecución habían impuesto que se debe requerir «el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado».

Frente a eso, la defensa pidió que se revoque la decisión y que quede sin efecto esa limitación. «Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley (…) Cabe recordar que según lo ha establecido la Corte Suprema, las personas que cumplen una condena gozan de la totalidad de los derechos constitucionales cuya restricción no se deriva de la pena impuesta y de la privación de la libertad ambulatoria», justificaron.

Sin embargo, este lunes por la tarde el tribunal sacó una resolución en la que rechazó el planteo, ya que «no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados por los suscriptos para proceder como lo hicimos».

Vínculos con Macri

Ahora, el tema será tratado por el trío de jueces que intervino en la causa de la obra pública con la confirmación de las condenas impuestas por el TOF 2. Dos de los jueces que decidirán están desde hace tiempo en la mira de la defensa. Se trata de Borinsky y Hornos, a quienes los abogados de la ex presidenta recusaron en varias oportunidades durante la tramitación del juicio por la causa Vialidad, a raíz de sus reuniones con el ex presidente Mauricio Macri.

En el caso del primero, una revelación de El Destape dio a conocer en 2021 que durante el gobierno de Cambiemos el magistrado había ingresado al menos 15 veces a la Quinta de Olivos con motivos recreativos como jugar al tenis o al fútbol. Hornos, por su parte, también fue señalado por al menos seis encuentros con el ex presidente pero en la Casa Rosada.

Esos episodios fueron denunciados en la Justicia y todo terminó investigándose en un expediente que estuvo bajo las órdenes del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano. Pero en junio del 2022, el magistrado de Comodoro Py dictó el sobreseimiento de ambos por medio de una resolución en la que, si bien se reconoció la existencia de los cónclaves, estableció que no se pudo corroborar la existencia de un fin indebido.

Un día antes del fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta y la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la ex presidenta publicó un documento en sus redes titulado «Los Copitos de Comodoro Py». Ahí señaló a los tres camaristas. A Barroetaveña lo referenció como «dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura».

En rigor, Barroetaveña es integrante de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), y actualmente ocupa una banca en el Consejo de la Magistratura en representación el estamento de jueces.

Barroetaveña fue parte de la mayoría que con 7 votos contra 3 rechazó semanas atrás un pedido de informes y la convocatoria a testigos para que declaren en una investigación abierta en el Consejo contra la jueza María Eugenia Capuchetti y su accionar en la preservación del celular del atacante de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, tal como dio a conocer Tiempo.

El consejero fue electo luego de una votación junto con Agustina Díaz Cordero, otra jueza integrante de esa lista que en la actualidad es vicepresidenta del organismo encargado de la administración del Poder Judicial. De la Bordó también forma parte el juez Andrés Basso, del TOF 2, que firmó una disidencia en la causa Vialidad para que se condene a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita y se duplique su pena a 12 años en vez de 6.

El fiscal Villar, por su parte, viene de sostener un pedido para agravar la condena de la ex presidenta. Su dictamen no será vinculante.

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