Casal busca extender su interinato y aspira a suceder a Gils Carbó

«Macri está conforme con el interinato de Eduardo Casal.» La frase fue publicada por el periodista Mariano Obarrio en el diario La Nación el 5 de marzo pasado y resume el clima que reina en torno al procurador interino y sucesor de Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación. Si bien el cronista conoce los recovecos de la Casa Rosada, la afirmación podría trasladarse al edificio de Sarmiento al 300, donde tiene su sede el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques.

Apenas reemplazó a Gils Carbó, el procurador fiscal ante la Corte Suprema buscó diferenciarse de su antecesora y asegurarse un interinato en el despacho del primer piso del edificio de Perón 667 lo más extenso posible, lo cual parecería le está resultando. Para lograr su propósito, se dedicó a trabajar para los objetivos de Justicia 2020 del Ministerio encabezado por Garavano. En estos días, Casal se sintió cómodo al enterarse de que los senadores peronistas que negocian con el gobierno no verían con buenos ojos que el Poder Ejecutivo envíe el pliego de Inés Weinberg de Roca sin el consenso de los hombres fuertes de la Cámara Baja. «Sigue», prometieron.

La semana pasada, con la renuncia del fiscal general Carlos Giménez Bauer –quien tenía a su cargo el rol de acusador público en el juicio contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento a los iraníes a través del Memorándum en la causa AMIA– el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel –celoso del vínculo con Garavano– recordó su relación personal con integrantes de la DAIA y prometió un fiscal que acuse a CFK en el juicio oral. Hay quienes cuentan que ese fue uno de los temas de la reunión reservada de los fiscales Guillermo Marijuan, Eduardo Taiano y Gerardo Pollicita con representantes de la Procuración. Germán Moldes, un hombre fuerte de los tribunales de Retiro, ya había reclamado poner uno de los suyos en las causas contra ex funcionarios.

Un punto en contra para el procurador interino –que busca la aprobación ministerial para cada una de sus acciones a cambio de algún tipo de venia para continuar en su cargo– fue el fracaso del intento de depuración camporista y de Justicia Legítima en la Procuración. El fantasma de los paracaidistas repetido hasta el cansancio por los operadores judiciales se esfumó cuando la gestión Casal descubrió que era justamente eso: un fantasma. Muchos, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, entre ellos, le reclaman una actitud más proactiva en la «limpieza». Sin embargo, no había un ejército K en cada rincón. Ahora, los rumores apuntan a tres áreas: el programa ATAJO; la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a cargo del fiscal Gabriel González Da Silva, quien no acepta el pedido de vaciamiento de la repartición hasta no hace mucho a cargo de Cristina Caamaño, y el vaciamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional, que ahora debe avisar al Ministerio de Justicia sobre sus inspecciones a los penales del Servicio Penitenciario Federal.

Otro problema en puerta son los reclamos de los fiscales «proscriptos» en el sitio web de la Procuración. «El propio Casal supervisa qué sale y qué no», afirma un magistrado. A finales de la semana pasada, una fiscal que tiene a su cargo una causa que molestó mucho a la familia presidencial presentó un escrito formal reclamando que dejen de «filtrarle» los dictámenes que envía para publicar.

Ni bien asumió, Garavano suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que ponía en rigor a partir de marzo de 2016 el sistema acusatorio –un régimen que funciona en todas las provincias y la mayoría de los países de la región-. Ahora, con el nuevo impulso de esa reforma procesal, anunciada por el presidente en la apertura del período de sesiones ordinarias, hay quienes lo ven complicado a Casal, quien no tendría la autoridad frente a los fiscales empoderados para definir una nueva política criminal y bajar instrucciones particulares en las investigaciones. «