Casal dictaminó en contra de la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó en contra del DNU que suspendió por dos semanas las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Casal emitió su dictamen y dejó a la Corte en condiciones de pronunciarse mañana mismo, último día de vigencia del DNU 241/21, y el día previsto para el anuncio de nuevas medidas para contener la galopante ola de contagios de coronavirus.

“La información recogida por el Ministerio de Educación de la Nación permite afirmar que, aun con el ingente esfuerzo llevado a cabo por el cuerpo directivo y docente del sistema educativo inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada, las dificultades derivadas especialmente de la falta de medios tecnológicos disponibles para docentes y alumnos, que se ven acentuadas en el caso de educadores y alumnos de escuelas de gestión estatal, constituyen un enorme obstáculo para que la enseñanza virtual reemplace en forma eficaz a la presencialidad escolar”, sostuvo Casal.

De esa forma, no resulta posible -opinó- “garantizar acabadamente el derecho a la educación consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional”. El procurador se pronunció por “la invalidez constitucional de la norma impugnada por la actora”, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Pienso que el hecho de que esta decisión se haya tomado primordialmente por motivos sanitarios y en ejercicio de facultades que, por lo demás, también ejerce de manera concurrente la Ciudad, no impide apartarse del paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjurisdiccionales”, sostuvo, al considerar que el DNU avanza sobre la autonomía de la Capital Federal.

“Especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo”, resumió.

Casal recordó que “muchas de las cuestiones sanitarias vinculadas con el sistema educativo fueron consideradas en el marco del Consejo Federal de Educación, lo que permitió incorporar la necesaria perspectiva de las jurisdicciones locales en la delicada tarea de armonizar el interés superior del estudiante con los aspectos generales de la salud pública”.

La denuncia de Tailhade

Mientras Casal dictaminaba en contra del DNU, el diputado nacional por el frente de todos Eduardo Tailhade lo denunció ante la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público por un supuesto incremento patrimonial injustificado entre 2016 y 2019.

El presunto incremento patrimonial incluye no sólo propiedades en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires sino también participación accionaria en varias empresas, varias de ellas que podrían haberle generado conflictos de intereses por su función.

Entre esas empresas figuran Pampa Energía, Edenor, Telecom, Sociedad Comercial del Plata, Standard Chartered Bank, Banco Macro, Citigroup, General Electric, Ternium, Indupa, Aluar, Petrobras Argentina y Petrobras Brasil.

Tailhade denunció que Casal tenía como patrimonio a fines de 2016, antes de la abrupta salida de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, una casa de 431 metros cuadrados en Olivos, un departamento de 60 metros cuadrados en CABA y un local de 37 también en Olivos, según se desprende de su declaración jurada.

Pero a fines de 2019, sostuvo Tailhade sobre la base de la misma documentación, poseía además de esas propiedades una casa en Martínez de 150 metros cuadrados, un departamento de 44 metros y otro de 83 en CABA, un local en la ciudad de Buenos Aires de 31 m², el 33 por ciento de una casa en Chapadmalal de 640 y de un terreno de 600 metros, el 33 por ciento de una casa de 200 y de un departamento de 50 metros, ambos en capital.

Además, su situación patrimonial incluye la supuesta propiedad de un velero y varios automóviles: un Chevrolet Astra 2010, un Peugeot 508 2012, un Fiat 1500 y un Ford Falcon 1983.

Tailhade recordó que en 2018 Casal desplazó al fiscal Gabriel de Vedia de la Unidad para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), luego de que denunció al entonces titular del FGS, Emilio Basavilvaso, por beneficiar a Pampa Energía en perjuicio del Estado con la venta de acciones.

Además, el informe precisa que en 2016 declaró, entre otros activos, 111.568 dólares en efectivo, que a fines de 2019 se transformaron 430.375.  En ese lapso, además, canceló una deuda de 160 mil pesos.

Tailhade consignó que Casal “tiene 11 propiedades, ocho de ellas incorporadas al patrimonio después de su nombramiento como procurador. Posee acciones valuadas a fines de 2019 en más de seis millones de pesos, cuatro millones más que lo que tenía tres años antes”.

“Casal tiene que explicar cómo además de incrementar su patrimonio en bienes y acciones, pudo comprar 303.000 dólares y ahorrar 600.000 pesos. Y no se ganó la lotería o el Quini 6 porque el patrón de compras se repite año a año: declara 135.000 dólares a fines de 2016, 269.000 en 2017, 380.000 en 2018 y 439.000 a fines de 2019”, advirtió Tailhade.

“En tres años compró a un promedio de 8.400 dólares por mes. En valores de hoy a la cotización del dólar ahorro significa destinar todos los meses durante tres años 1.380.000 pesos a la compra de dólares”, añadió.

El salario del procurador general es equivalente al de un juez de la Corte Suprema; con antigüedad, podría rondar los 600 mil pesos mensuales.