Caso Maldonado: contraofensiva judicial del gobierno

Se avecinan días clave en la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El próximo viernes vence el plazo de diez días hábiles que fijaron los peritos para entregar el informe definitivo de la autopsia, con los estudios complementarios incluidos. Esos estudios, se supone, debieran dar respuesta científica a los tres interrogantes centrales que hoy tiene el caso: cuánto hace que Santiago murió, cómo se produjo la muerte y cuánto tiempo transcurrió sumergido bajo las aguas del río Chubut.

El informe preliminar arrojó que el cuerpo no presentaba lesiones visibles y especuló con dos posibles causas de muerte: ahogamiento por inmersión o shock coronario por congelamiento. Como advirtió Tiempo el domingo pasado, el gobierno se aferró a esos indicios para instalar la hipótesis de la muerte accidental. Y espera los resultados definitivos de la autopsia para ir por más: en el oficialismo evalúan presentarse como querellante en el expediente.

La propuesta partió de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y persigue propósitos múltiples: tener acceso directo a la causa, participar de las declaraciones de testigos e imputados y requerir medidas al juez. El gobierno perdió esos privilegios con la salida del juez Guido Otranto, cuya instrucción era seguida de cerca por el coordinador de Seguridad, Gonzalo Cané. 

La llegada de Lleral limitó la intervención oficial por dos vías: cerró la puerta a los enviados de Buenos Aires y retomó la instrucción del expediente por hábeas corpus que instruía la fiscal, Silvina Ávila. Después de algunos chispazos iniciales, la fiscal mantuvo sintonía fina con los deseos del gobierno. Uno de sus últimos actos, de hecho, fue desafectar de la causa a la Procuvin, una procuraduría especial que aportó datos esenciales en el inicio del proceso. El gobierno asoció esa participación a su guerra con la procuradora, Alejandra Gils Carbó, impulsora de la Procuvin. Para disgusto de los operadores oficiales, es probable que en los próximos días las querellas pidan que se restituya a la Procuvin en la causa.

En ese marco de paranoia política y operaciones judiciales, el gobierno se prepara para desembarcar formalmente en el expediente. Su primer objetivo tiene nombre y apellido: promover una investigación por falso testimonio contra Matías Santana, el joven mapuche que declaró haber visto a un grupo de gendarmes cargando a Santiago en un vehículo de la fuerza.

La declaración de Santana fue clave para instaurar la carátula de «desaparición forzada», que el gobierno está obsesionado con erradicar. Desde el vamos, el oficialismo dispuso una implacable campaña mediática para desacreditar ese testimonio. Si los resultados de la autopsia alientan las pretensiones oficiales, la tarea de demolición se ejercerá también en el ámbito judicial. 

Hasta ahora, sin embargo, buena parte de los hechos descriptos por Santana fueron corroborados por otros elementos de la causa. El cuerpo de Santiago llevaba la campera celeste que el testigo le prestó, está probado que los gendarmes llegaron a la orilla de río y los propios uniformados confirmaron que uno de ellos dijo lo que Santana escuchó: «Tenemos a uno». 

Lo único que, hasta ahora, la investigación no probó es que Santiago haya sido trasladado fuera de la Pu Lof. Mientras espera que el resultado de la autopsia desmienta ese fragmento del testimonio de Santana, el gobierno exploró esta semana una nueva teoría: que Santiago se ahogó al caer en un pozo subacuático de tres metros de profundidad.

La hipótesis se basa en un supuesto informe preliminar de Prefectura que no figura en la causa, pero que fue validado y difundido por los medios que amplifican el relato oficial. Como ocurrió antes con otras hipótesis insólitas emanadas del Ministerio de Seguridad –como la fábula de «El Sacrificio», la presunta fuga del joven a Chile o la farsa del «Testigo E»– la teoría del pozo está en línea con el plan que desde el primer día se trazó la ministra Bullrich: exculpar a la Gendarmería de cualquier responsabilidad. 

La constancias que se acumulan en la causa, sin embargo, van en otra dirección. Esta semana, por caso, el prefecto mayor Leandro Ruata, quien tuvo a cargo todos los rastrillajes, negó la existencia de pozos en la zona donde se encontró el cuerpo. 

Según detalló el periodista Sebastián Premisci en Página 12 y Cadena del Sur, el prefecto declaró ante el juez que la zona en la que se halló a Santiago es de aguas calmas y poco profundas. Confirmó, además, que el lugar ya había sido rastrillado con anterioridad.   

A partir de mañana declararán ante el juez otros prefectos que participaron del operativo que terminó con el hallazgo del cuerpo. El juez Lleral espera que esos testimonios y, sobre todo, las pericias realizadas en la morgue porteña permitan ratificar o despejar una sospecha que crece con el paso de las horas: la posibilidad de que el cuerpo de Santiago haya sido plantado en el lugar donde finalmente apareció. 

Es lo que sostienen los mapuches de la Pu Lof y la familia de Santiago. El viernes, durante una conferencia en la APDH, su hermano Sergio reiteró sus dudas y pidió que se amplíe la carátula a «Desaparición forzada seguida de muerte». El reclamo, seguramente, formará parte de las consignas que el próximo miércoles se escucharán en Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central de una nueva marcha federal por Santiago. «

Cacería del 1/9: «Un fallo a medida»

En un duro comunicado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional criticó el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que procesó a 22 de las 31 personas que fueron detenidas al finalizar la marcha en Plaza de Mayo, tras el acto que conmemoró el segundo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, el pasado 1 de septiembre.

«Un procesamiento a la medida de Cambiemos» es el título de un comunicado publicado por la Correpi, cuya máxima representante es la abogada María del Carmen Verdú, quien lleva la defensa de varios de los detenidos aquella noche y que, tomándose más tiempo del que establece la ley, los procesó por intimidación pública y resistencia a la autoridad.

«En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con lo que el gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral», según analizaron desde Correpi.