Caso Vanessa: la obligada marcha atrás de Cambiemos en casos de expulsiones arbitrarias

La política migrante xenófoba del gobierno de Cambiemos tuvo que dar un paso atrás en Ginebra luego de que el director de Migraciones, Horacio García, fuera convocado este lunes 2 de septiembre por el Comité de Protección de los derechos de personas migrantes para que dé explicaciones por diferentes casos de vulneración de derechos.

En ese contexto, García tuvo que dar marcha atrás en el caso de Vanessa Gómez Cueva, que sienta un precedente para los miles de migrantes expulsados arbitrariamente de la Argentina. Durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Sipreba, se explicó que las expulsiones efectivas en 2014 y 2015 sumaban un total de 26 mientras que de 2016 a 2018 esta cifra alcanzó un total de 258.

El caso de Vanessa ocurrió hace siete meses y se volvió conocido no sólo por la doble pena que se le impuso, sino también porque se hizo sin siquiera revisar el estado en que quedaban sus dos hijos menores y que incluso implicó el destierro del más pequeño, de nacionalidad argentina, que fue expulsado junto con ella. En tres días se la detuvo, se la encarceló y se la expulsó del país. El abogado de Vanessa, Juan Villanueva, no especula sobre las razones que llevó a Migraciones a tomar esta nueva decisión, pero apunta que, por un lado, la resolución hace una defensa de todo lo que hicieron desde Migraciones y, por otro, termina con la “dispensa” para que pueda volver, «pero eso no sorprende, porque nada tiene sentido en esta causa”.

Villanueva, que tiene contacto diario con Vanessa, dice que ella continúa shockeada, pero ya de buen ánimo, porque hace siete meses que está viviendo en Perú y de un día para el otro, así como se la expulsó le dicen que puede volver. Aunque no se trata de una repatriación, aclara, “ahora estamos viendo cómo hacemos para conseguir el dinero para el pasaje para ambos”. Respecto de la situación del hijo argentino, explica que no existe delito en el código penal que contemple la pena de destierro, mucho menos en el caso de un bebé de dos años. “Cuando Vanessa llegó a Perú, la gente de migraciones peruana trataba de explicarle a los argentinos que no podían expulsar a un ciudadano de su propio país, lo que muestra el nivel de improvisación y de formación de los argentinos que hicieron algo sin parangón. De hecho, el expediente administrativo es un desastre, han hecho un copiar y pegar de expedientes que no son de Vanessa”.

Carla Montero –previo a la conferencia de prensa que las organizaciones migrantes realizaron en el Sipreba– explicó a Tiempo el marco en que se tomo esta decisión: “No es casual que el director de Migraciones haya dado a conocer su decisión en el contexto de la comisión de la ONU al que fue llamado para dar cuenta de las políticas xenófobas, del sistema Radex, del DNU 70/2017 de expulsión sumaria, de represión a los migrantes senegaleses. Estaba siendo cuestionado por el comité de la ONU, es en este contexto, no por las cuestiones humanitarias que, si bien son ciertas, las aduce de manera hipócrita. El caso de Vanessa ya estaba en la Corte IDH y ahora en este comité, son dos instancias internacionales a las que debe dar respuesta”.

Para Montero, la situación electoral local también influyó en la revisión de la situación de Vanessa, de hecho por primera vez desde que está funciones el director de la Dirección de Migraciones, Horacio García, recibió a miembros de la Campaña Migrar no es delito. “Hay miles de casos de expulsión en los que no se contempla que hay menores en el medio, que esos menores muchas veces son argentinos y que se viola la ley –continúa Montero–, porque por el DNU 70 una simple contravención puede ser causal de expulsión del país. Hoy exigimos desde Ni una Migrante menos, el Bloque de trabajadores migrantes y desde la campaña Migrar no es delito la derogación de ese decreto porque es el que criminaliza a la comunidad migrante y facilita a la expulsión a costa de por ejemplo el derecho de defensa, ya que se tienen solo tres días para presentar un recurso y eso no da tiempo ni de entender por qué se ha detenido a esa persona”.

Cuando el presidente sancionó del DNU, la prensa se hizo eco de la fake news de que el 33% de los presos eran migrantes, recuerda Montero. El sistema Radex no está funcionando puntualiza la militante social cuando se la consulta por otro problemas que está sufriendo la población migrante, “ya que ni los mismos funcionarios dan una misma explicación de cómo funciona. Y por supuesto la represión constante de trabajadores ambulantes, muchos de ellos son migrantes, como los de la comunidad senegalesa. Porque siempre te agregan resistencia a la autoridad, que ya es delito y no solo una contravención eso les facilita la expulsión más allá de que sea mentira”.

Las organizaciones migrantes y de Derechos Humanos anticiparon la concentración que se realizó en Obelisco este miércoles donde  festejaron la resolución en el caso de Vanessa, pero reclamaron la resolución de casos como el de Johny Quiroz, boliviano con 20 años de residencia en Argentina o el de Paola Alegre, brasileña, o el de Liz Moreta, dominicana, y la lista de personas sigue larga y dolorosa.