Causa Cuadernos: otros dos imputados piden nulidad de los testimonios tomados bajo coerción

Otros dos imputados en la Causa Cuadernos apoyaron el pedido de nulidad de la declaración como arrepentido del empresario Mario Ludovico Rovella, quien denunció (y aportó como prueba un documento ante escribano) que actuó bajo “coerción” y “tortura”. El día previo a declarar, en los albores de la investigación que llevó adelante el difunto juez Claudio Bonadio, Rovella dejó asentado ante el escribano Diego Ignacio Achával que reconocería delitos que no cometió para no quedar preso.

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, presentó esta semana ante el tribunal, después del planteo de Rovella, una carta manuscrita que le envió a sus abogados, Zenón y Federico Ceballos, apenas fue excarcelado tras (también él) arrepentirse. El texto dice: “Era tal la angustia y el terror que sentí que hubiera admitido cualquier delito para obtener la libertad”.  Wagner estuvo ocho días detenido, llevado de alcaidía en alcaidía hasta que finalmente recaló en una celda de dos por tres en una cárcel federal. 

“Recuerdo que usted me dijo en un aparte de la audiencia que si no admitía responsabilidades iba a ser devuelto a Marcos Paz por los mismos custodios apostados delante de la puerta de la fiscalía”, evocó Wagner en esa misiva, que no está rubricada por escribano pero que también está en poder del Tribunal Oral Federal número siete, encargado de hacer el juicio en una fecha aún incierta.

“El juez –añadió Wagner en la misiva- me dijo que el arrepentimiento iba a aliviar mi conciencia, viendo el estado catastrófico en el que estaba”.

En los próximos días se pronunciarán también los abogados del empresario Benito Roggio, quien es defendido por el estudio que encabeza Jorge Valerga Aráoz, uno de los camaristas que condenó a los comandantes de la última dictadura. Otro procesado en la causa (que trabajó para el Grupo Roggio), el contador Ricardo Santiago Scuncia, confirmó la existencia de presiones para arrepentirse y avaló el pedido de nulidad de Rovella.

Y hay, al menos, otros dos imputados que meditan por estas horas sumarse a los planteos descalificadores de los “arrepentimientos”.

El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue abogado defensor en la Causa Cuadernos pero renunció a todos sus clientes cuando asumió el cargo con el gobierno de Javier Milei. Cuando aún no era funcionario, reconoció que le había recomendado a su cliente  Sergio Taselli, también imputado por Bonadio: «Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente; si decís que sos inocente, quedás preso». En otra oportunidad afirmó que “a los empresarios detenidos solo les quedaba decir algo, señalar a alguien como sea porque no toleran la cárcel. (…)  ¿Hasta qué punto el arrepentido se arrepiente en un marco de libertad plena? Algún día vamos a tener que contar cómo fue esto: hay cada arrepentido mentiroso que dijo cualquier cosa con tal de salir en libertad…».

Cúneo Libarona también corrobora(ba) a Rovella.

La Causa Cuadernos padeció un terremoto tras la publicación de Tiempo que confirmó algo que se rumoreaba en tribunales desde que comenzó la danza de las sortijas (traducción: confesión a cambio de libertad) para que los empresarios se arrepintieran. Con frecuencia se escuchaba en la periferia de la investigación que tras acogerse a ese régimen, -sancionado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri- algunos empresarios acudían presurosos a una escribanía para dejar constancia que habían admitido delitos que no reconocían porque estaban compelidos a hacerlo, so riesgo de quedar presos por largo tiempo.

El abogado José Ubeira, quien defiende a otro imputado, el exdirector de Yacyretá Oscar Thomas, también sabía lo de las escribanías. Y sospecha que por eso fue víctima de una maniobra que urdió en su contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, por entonces relacionado con el fiscal de la Causa Cuadernos, Carlos Stornelli. D’Alessio está actualmente preso y en juicio oral y la Cámara de Casación le rechazó nuevamente un pedido de excarcelación.

Rovella fue el primero en confirmar que el rumor sobre las escribanías era cierto.

La defensa de Wagner insistió (ya lo había planteado anteriormente pero no fue escuchada) con que el arrepentimiento del extitular de la CAC también fue arrancado bajo presión insoportable. Además, señaló otras irregularidades. “La homologación del acuerdo de colaboración del ingeniero Wagner ante el juez fue llevada a cabo inmediatamente después de la audiencia en la fiscalía, lo que conspiró contra cualquier análisis genuino de las formalidades y de la efectiva comprobación de la veracidad y utilidad de los datos aportados”.

Wagner también embistió contra otro flanco cuestionable de los arrepentimientos. Si bien la ley sostiene taxativamente que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, ninguna fue grabada o filmada. Para el Poder Judicial, el “medio técnico” son las actas, que reflejan una versión parcializada, fría y desprovista de gestos, tonos de voz, posturas e interacciones.

“Ante la falta de un registro idóneo de dicha audiencia, se obturó cualquier vía para poder, en un futuro, conocer lo verdaderamente ocurrido, y la forma en que el imputado tomó la decisión de ‘colaborar’ delatando a terceras personas, única finalidad que perseguían los funcionarios judiciales y condición excluyente para la concesión de la libertad».

El defensor del contador Scuncia, Martín Pou Queirolo, presentó también esta semana un escrito de 40 páginas adhiriéndose al planteo de Rovella y refutando, además, “uno de los argumentos que se han utilizado para desvirtuar la falta de libertad por parte de los imputados que se convirtieron en colaboradores: todos ellos tuvieron asistencia letrada”. El Poder Judicial sostiene que si los arrepentidos estuvieron asesorados por sus abogados, el control de legalidad de esos actos está a salvo, porque sabían lo que hacían y a qué se atenían.

Pou Queirolo replicó: «La obligación del abogado es asesorar a su cliente del mejor modo posible, conforme a los intereses de su asistido. Si el abogado se hubiese opuesto al modo en que fueron tratados sus asistidos y le hubiesen puesto algún límite al magistrado, probablemente el letrado podría jactarse de haber hecho lo debido. El único inconveniente es que el defendido hubiese terminado preso y hubiese vulnerado los intereses que debía proteger». “El argumento que los arrepentidos contaban con asistencia letrada no es un argumento real ni sólido”, subrayó.

Además, pidió que se le “corra vista” (se le pida opinión sobre la situación de Rovella) al empresario Armando Loson, quien en una causa que inició ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi consiguió que peritajes oficiales consignaran adulteraciones e irregularidades en los cuadernos que lo involucran en la causa.

“Está corroborado mediante un peritaje que Loson se arrepintió de algo que no hizo. Él señala que lo hizo para permanecer en libertad. (…) Los arrepentimientos no tenían que ver con los hechos cometidos sino con la compra de libertad”. «