Causa Siemens: piden que Menem y Corach sean llamados a indagatoria más de 20 años después

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, apoyó el llamado a indagatoria del ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex director de Migraciones Hugo Franco, en la añeja causa por presuntos sobornos por parte de la multinacional alemana Siemens para la renovación de los DNI a finales de los 90.

“No se trataba de una licitación más, sino de una contratación excepcional y estratégica para la seguridad de la Nación y de los ciudadanos, nada menos que para la impresión de nuevos documentos de identidad y la informatización de los pasos fronterizos y los padrones electorales”, advirtió Casal, en un dictamen dirigido a la Corte Suprema de Justicia.

“Es razonable suponer que debió estar específicamente al tanto el entonces Presidente de la Nación, quien además firmó los Decretos para su instrumentación. Lo mismo cabe decir respecto del entonces Ministro del Interior, responsable de la adjudicación y suscripción del contrato, y al menos también de quien ocupaba entonces el cargo de Director de Migraciones”, añadió Casal.

El juez federal Ariel Lijo había procesado a los ejecutivos de Siemens y a funcionarios de segundo nivel del gobierno menemista, pero archivó las actuaciones sobre Menem, Corach y Franco sin convocarlos siquiera a dar explicaciones.

El archivo fue consentido por la Cámara Federal porteña y por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, pero el titular  de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en solitario, apeló esa decisión.

El procurador interino Casal le dio la razón: “reconocido como ha sido el pacto y el pago de los sobornos para la obtención de la licitación por parte de la empresa adjudicataria, la circunstancia de haber sido los funcionarios con injerencia y poder de decisión en el asunto, sumada a su mención como destinatarios de los pagos, justificaba con creces la indagatoria”.

En cambio el archivo –añadió el jefe de los fiscales- “significa una absolución encubierta”.

“Equivale en la práctica a prescindir de la solución prevista por la ley. (…) Los jueces de la causa aplicaron un estándar probatorio propio de un auto de procesamiento o una condena, y no de esta etapa procesal, que se satisface con la existencia de una sospecha mínima inicial, que en el expediente no cabía razonablemente negar”.

El dictamen coincidió con la PIA en que “la hipótesis investigada es la promesa y el pago por parte de directivos de Siemens S.A. de sumas de dinero a funcionarios públicos del gobierno argentino para posibilitar que dicha empresa obtuviese la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, convocada para la confección de documentos de identidad argentinos (“Proyecto DNI”) y la informatización de los padrones electorales y pasos migratorios”.

“Los pagos fueron canalizados a través de intermediarios que brindaron una serie de sociedades a las que fue transferido el dinero pactado a cambio de facturas con las que Siemens S.A. pudiera justificar los egresos”.

La PIA fundamentó su pedido en “declaraciones, agregadas a la causa, provenientes del procedimiento instruido por la Fiscalía de Munich I en la República Federal de Alemania, en las que se menciona a los funcionarios imputados como los destinatarios de pagos”.

Esos relatos ante la Justicia alemana, utilizados para avanzar allá con la causa penal, identificaron pagos ilegales por parte de tres empresas satélites de Siemens: Pepcon Corporation S.A., Mirror Develpoment Inc. y Finli Advisors Inc.

“Existen indicios que indicarían que los pagos a la empresa Pepcon estaban dirigidos a Carlos Saúl Menem, los pagos de Mirror a Corach y los de Finli a Franco”, resume el dictamen de Casal, al que tuvo acceso Tiempo.