Causa Vialidad: el procurador Casal pidió que Cristina sea condenada a 12 años

Tal como había anticipado Tiempo semanas atrás, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó a favor de que se le endurezca la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Fue al opinar sobre el planteo del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, quien había pedido que se le agregue el delito de asociación ilícita, lo que eleva la pena de 6 a 12 años de prisión. Hoy, el jefe de los fiscales apoyó ese criterio.

El pronunciamiento llegó justo cuando mañana se cumple un mes del día en el que la Corte le remitió el recurso de Villar para que dictamine. Este medio había anticipado en ese entonces que Casal no se tomaría demasiado tiempo para emitir sus consideraciones.

El dictamen al que accedió Tiempo tiene 13 carillas y las primeras están dedicadas a respaldar el planteo de Villar respecto de que corresponde aplicar la figura de asociación ilícita. En su presentación, el fiscal había criticado a Casación por considerar que los hechos llevados a juicio formaron parte de un único delito continuado y no tomarlos como múltiples delitos, una condición necesaria para que se configure la asociación ilícita. «Debe poder afirmarse que la organización contempla planes múltiples», expresó Casal.

«Cuando el grupo se constituyó no se acordó un ‘catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios'», agregó. Esto último para descartar que la supuesta maniobra se enmarcó en un único delito continuado.

«Que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna», remarcó.

La discusión planteada por el Ministerio Público Fiscal gira en torno a la aplicabilidad o no de la figura de asociación ilícita, que rige en el artículo 210 del Código Penal. Pena con prisión o reclusión de 3 a 10 años a quien «tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos«.

«Asiste la razón al fiscal general cuando afirma que la doctrina del hecho único es relativa (…), pero esa atribución de unidad no impide evaluar lo que en realidad es plural y diverso como manifestación de la voluntad colectiva de cometer delitos a la que se refiere el artículo 210», opinó Casal.

El tono del dictamen critica el criterio adoptado por Casación en el fallo que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Es en esa línea que el procurador sentenció que «los argumentos previamente reseñados (NdR: los planteos del fiscal Villar) constituían una crítica seria al argumento de que ‘no son compatibles la unidad jurídica de tratamiento de las defraudaciones con el requisito de múltiples planes delictivos de la asociación ilícita’ y, como tal, debió ser objeto de un examen y respuesta que la sentencia apelada omitió».

La pelota, en manos de la Corte

La opinión del procurador no es vinculante. Esto quiere decir que la Corte no necesariamente fallará de acuerdo a las consideraciones de Casal. El Máximo Tribunal podría no tomarlas en cuenta, hacerlo de forma parcial o compartir en pleno el criterio.

A partir del pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, lo que continúa es el desarrollo de un escenario con plazos no definidos, ya que la Corte podría tomarse desde meses hasta años en resolver si Cristina Kirchner está bien condenada o si le encarga a Casación un nuevo fallo. La decisión de cuando tratar el tema la tienen que tomar Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Son ellos quienes tienen en sus manos el futuro político de la expresidenta y exvicepresidenta. Eso es, nada menos, porque además de haber sido condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el máximo tribunal penal del país mantuvo la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 al final del juicio.

No obstante, antes de resolver eso, la Corte tiene pendiente un planteo de recusación que los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, elevaron días atrás contra Lorenzetti. Fue a partir de que el supremo dijera en una entrevista en A24 que no hay motivo para demorar más allá de las elecciones de octubre un pronunciamiento del Máximo Tribunal respecto a la condena en Vialidad. El ministro apuntado le pidió a sus colegas que ese pedido sea rechazado.

Que la defensa logre el apartamiento suena poco probable. De hacerlo, no solo se tendría que sortear un conjuez, sino que todo indica que tendría efectos directos en la interna que mantienen los integrantes de la Corte desde hace tiempo. En principio porque lo estarían dejando sin posibilidades de opinar sobre caso más importante de la última década.

Casal, contra la absolución de De Vido

Además de ahondar sobre la condena a Cristina Kirchner, el procurador interino también se abocó a respaldar el criterio de Villar a favor de que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido sea condenado. Este exfuncionario clave de los gobiernos kirchneristas fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 2 al final del juicio, una decisión que convalidó la Cámara de Casación.

Según Casal, «no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó (De Vido) al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero».

De acuerdo al fallo de Casación, por cuestiones de estructura jerárquica, De Vido estaba lejos de la supuesta maniobra. Muy por el contrario, Casal reprodujo los argumentos de queja de Villar y agregó en su dictamen un párrafo en el que señaló que «De Vido no solo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección (…), sino que más bien fue uno de sus principales organizadores».

Casal también acompañó el mismo reclamo que planteó Villar respecto de Abel Fatala y Héctor René Garro -exsubsecretario de Obras Públicas y exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, respectivamente- sobre quienes Casación confirmó las absoluciones.

«Las breves consideraciones que anteceden expresan el respaldo de esta Procuración General a la apelación federal presentada por el señor fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, que con pleno valor y efecto doy aquí por reproducida y, atento a sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal, mantengo en todos sus términos», escribió el procurador al cerrar su dictamen.