La Causa Vialidad entró en su etapa final y la condena a Cristina Kirchner está a un paso de ser revisada por el Máximo Tribunal. Sin embargo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tienen que definir si hacen o no lugar a la recusación que los defensores de la ex presidenta hicieron respecto de Ricardo Lorenzetti, al tiempo que en los próximos días el procurador interino Eduardo Casal emitiría su dictamen.

Vale recordar que el Máximo Tribunal decidió pedirle opinión al jefe de los fiscales respecto del planteo de queja del fiscal Mario Villar, que busca sumar a la condena de Cristina la figura de asociación ilícita, lo que elevaría la pena de seis a 12 años. Ese pronunciamiento no es vinculante, y tampoco es requerimiento para que la Corte falle en torno a las condenas confirmadas por Casación.

Según supo Tiempo de fuentes judiciales, el dictamen de Casal estaría terminado y firmado aproximadamente en 10 días, ya en la segunda mitad de mayo.

Semanas atrás, este mismo medio había anticipado que se esperaba una actuación rápida de parte del funcionario. También se referenció la alta probabilidad de que el procurador internado se pliegue a la postura sostenida por los fiscales que intervinieron en la causa Vialidad, a favor de endurecer la condena contra la ex vicepresidenta.

La recusación a Lorenzetti, sin plazos

Mientras tanto, está pendiente la recusación a Lorenzetti. «Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más», dijo el cortesano días atrás en una entrevista en TV, y motivó el pedido de apartamiento por parte de los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y su correspondiente pedido para que se sortee un conjuez.

Sobre ese planteo y los elevados a la Corte por el resto de las personas condenadas en la causa de la obra pública, en el cuarto piso de Talcahuano 550 responden que no hay plazos para definirlo. Son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz quienes tienen que definir si hacen o no lugar a la petición en contra de Lorenzetti.

Escenario e interna

En su presentación, los defensores de la presidenta del Partido Justicialista pidieron el apartamiento de Lorenzetti al considerar que sus dichos «configuran un cuadro que compromete severamente la independencia, la imparcialidad y la integridad del Ministro Lorenzetti, al menos para seguir interviniendo en este proceso». Además de la respuesta cuestionada que dio en TV, lo criticaron por supuestas reuniones privadas con el presidente Javier Milei.

Ahora bien, que Rosatti y Rosenkrantz acepten la recusación contra Lorenzetti y decidan apartarlo de opinar en el recurso elevado por Cristina Kirchner tendría un impacto por demás significativo que se traduciría en una escalada de magnitud de las tensiones internas que tiene desde hace tiempo el trío de supremos. Eso porque lo dejarían sin posibilidad de dictaminar, nada más y nada menos, que en el caso judicial de mayor impacto político de la última década, donde está en juego el futuro político de la principal líder de oposición al gobierno de Javier Milei.

Así, desde ese punto de vista suena improbable que los cortesanos decidan apartarlo. De todos modos, el Poder Judicial ha demostrado a lo largo de los años que, como en la política, todo es posible.

De hecho, uno de los últimos capítulos de la interna por el funcionamiento del Máximo Tribunal se dio en el marco del dictado de una acordada referida a la integración de conjueces, en diciembre pasado.

Se trata de la Acordada 41/2024, que fue firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, que estaba a pocos días de jubilarse. La mayoría se construyó para fijar los parámetros del proceso de designación de conjueces en causas en las que no haya criterio de mayoría o alguno de los supremos se excuse o se acepte una recusación. Lo fuerte en ese caso fue la disidencia que planteó Lorenzetti en soledad: le reprochó a sus pares que la medida no tenía la urgencia que alegaban, que no contribuía a la seguridad jurídica y que tenía «deficiencias jurídicas».

En uno de los puntos en los que desarrolló su rechazo, Lorenzetti esgrimió que se intentaba regular una práctica que no necesitó regulaciones durante más de cien años y que «se lo hace cuando termina el presente ejercicio sin necesidad y sin esperar la opinión de dos jueces que están por ingresar». En ese momento todavía estaba latente la posibilidad de que se sumaran Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte.

«No se comprende cuál es la urgencia», insistió en ese entonces. Y agregó que «pareciera estar dada por la necesidad de condicionar la llegada de otros dos nuevos jueces para integrar el Tribunal». En relación con esto último, unas líneas más abajo acusó que «es inapropiado que los jueces de la Corte pretendan condicionar a los próximos colegas, lo que se ha intentado hacer con una impresionante cantidad de decisiones y nombramientos durante todo el presente año».

¿Podría la causa Vialidad y el fallo sobre el futuro de Cristina Kirchner tomarse como moneda de cambio de la mayoría tras esa disidencia y los términos en los que fue planteada? Por lo pronto, solo cabe la duda.