El máximo tribunal estadounidense le dio una luz de esperanza a la Argentina en el caso en el que se le exige el pago de entre 2 mil y 3 mil millones de dólares y en el que lleva las de perder.
Ahora, el máximo tribunal estadounidense resolvió consultar al jefe de los abogados del Estado, un funcionario elegido por el presidente Donald Trump. “El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos”, señaló la sentencia dada a conocer este lunes y emitida por siete de los nueve jueces supremos de EEUU.
La clave del juicio es si la Corte Suprema decide que la demanda tiene que seguir su curso en Argentina o en los Estados Unidos, esto porque por este proceso judicial, Argentina ya cuenta con dos fallos en contra en instancias inferiores.
Si la causa queda en EEUU, es casi seguro que la sentencia definitiva siga el mismo camino.
La petrolera española era, al momento de la expropiación, en 2012, el socio mayoritario de YPF, pero tenía un socio menor: el Grupo Petersen, una firma argentina que tomó parte del capital a través de dos filiales en una operación financiera que se sostenía en créditos bancarios y el uso de los dividendos de la propia YPF.
Al realizar la expropiación, el gobierno de Cristina Fernández cortó el flujo de dividendos para el pago de la compra de acciones y las filiales de Petersen se declararon en quiebra. Pero tenían un as en la manga: un juicio abierto en los tribunales españoles contra el Estado argentino por incumplimiento de contrato. Burford compró los derechos de ese litigio y llevó el pleito a Nueva York.
Los estatutos de YPF señalaban que aquel que comprase las acciones mayoritarias de YPF debía ofertar también por el resto del capital social, cosa que el Estado argentino nunca hizo.
Burford puja por mantener el juicio en los tribunales estadounidenses, mientras que los representantes legales del gobierno argentino argumentan que la acción legal la debe hacer en este país ya que la decisión de expropiación es una medida soberana.
La opinión que solicitó la Corte Suprema al jefe de abogados de la Casa Blanca, conocido en EEUU como General Solicitor, no es vinculante. Además, ese funcionario no tiene plazos para responder.
Una situación similar se vivió en 2014 en la causa que los fondos buitre seguían contra la Argentina por el pago de bonos de deuda en default. La Corte pidió la opinión del General Solicitor para determinar si la decisión argentina de reducir el valor de esos bonos por medio de los canjes de deuda de 2005 era una operación de carácter soberano o comercial.
“Según una ley (estadounidense) de 1973, toda actividad de un país soberano en los Estados Unidos es una decisión soberana. Pero hay una excepción que dice que si la actividad es comercial, esa ley no aplica al país soberano. Eso es lo que se está discutiendo hoy: si se trata de una actividad comercial o es un derecho soberano”, dijo el analista Sebastián Maril, de Research for Traders, y que ha seguido en detalle este caso.
Información proveniente del gobierno consignó que el procurador del Tesoro argentino, Bernardo Saravia Frías, estuvo presente en la lectura de la sentencia y que salió “satisfecho” con la misma. Según esa información, “la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede favorecer a la Argentina” ante los supremos de EEUU.
Este dato no deja de ser aleatorio, toda vez que en 2014, el General Solicitor se inclinó a favor de la idea argentina de que los canjes de deuda eran una decisión soberana, a pesar de la mala relación entre los gobiernos de Barack Obama y Cristina Fernández. La Corte desoyó la opinión y determinó que la Argentina debía indemnizar a los fondos buitre.
El tribunal de primera instancia de Nueva York que ya falló en contra de la Argentina es el mismo que dirigía el recordado juez Thomas Griesa, quien tras su muerte, fue reemplazado por Loretta Preska.
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