Los propios detenidos advirtieron, a través de mensajes de textos, que iban a ser víctimas del accionar de la Policía Bonaerense.
El organismo señaló que la provincia de Buenos Aires debe discutir «una ley de control de sobrepoblación que permita revertir esta crisis humanitaria en las cárceles y comisarías bonaerenses». «Las muertes ocurridas son el resultado de este cuadro de situación, responsabilidad de los tres poderes del Estado de la provincia que endurecen el sistema penal, no controlan adecuadamente lo que ocurre en el sistema penitenciario y las comisarías y no protegen los derechos más básicos de las personas bajo su cuidado», concluye el informe.
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