Sin paritarias desde hace casi un año y con restricciones en la cobertura informativa, los empleados de la señal estatal alzan su voz. Las autoridades del canal siguen ignorándolos.

El hecho dejó al descubierto el clima de precarización y censura que viven los empleados de la señal estatal. Desde hace más de 14 meses, los trabajadores no reciben aumentos paritarios. Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 los salarios aumentaron apenas un 71,2%, mientras que la inflación acumulada superó el 170%. La pérdida del poder adquisitivo es brutal, en un contexto de despidos, retiros voluntarios y reducción de derechos adquiridos: el gobierno también eliminó 19.000 días de vacaciones no gozadas antes de 2022.
La protesta del jueves no fue un hecho aislado. Ya la semana anterior, durante el programa de la tarde que conduce Gabriel Corrado, trabajadores también se habían expresado al aire. Además, periodistas de la TV Pública denunciaron restricciones para cubrir la represión en el Congreso: se prohibió usar la palabra “represión” y se vetó la presencia de determinadas fuentes en pantalla. Ambas expresiones forman parte de un plan de lucha histórico que por primera nuclea a cuatro gremios: SIPREBA, SATSAID, APJ y SALCO, el cual se votó en una asamblea el viernes pasado.
Frente al ajuste económico, la censura y el vaciamiento, los empleados declararon el estado de asamblea permanente y movilización. La TV Pública, lejos de ser un espacio plural y democrático, parece hoy un reflejo más de una política que agita el negacionismo, la extranjerización y silencia a sus trabajadores.
Las trabajadoras y los trabajadores de la TV Pública, Contenidos, Radio Nacional, RTA y APESAU realizaron un abrazo simbólico a la emblemática sede de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta 2977, el jueves 22 de mayo a las 13.30, en defensa de los medios públicos, contra el fraude laboral y la depreciación de salarios, congelados desde agosto de 2024. También realizaron una retención de tareas de tres horas, de 13 a 16.
La medida fue resuelta por unanimidad en las asambleas de trabajadores y trabajadoras nucleadas en los distintos sindicatos de la TV Pública y otros medios de RTA: SIPREBA, SATSAID, APJ y SALCO. De este modo, se decidió profundizar el plan de lucha por una legítima recomposición salarial, ya que en la mayoría de los casos los ingresos de las trabajadoras y trabajadores están por debajo de la línea de pobreza y, en muchos otros, incluso por debajo de la línea de indigencia.
Los gremios también denunciaron que la intervención de RTA incumple con las paritarias del sector, al tiempo que destina fondos a programas de aire y streaming conducidos por figuras vinculadas al oficialismo, excluyendo voces críticas y censurando expresiones disidentes. De este modo, advierten, la TV Pública corre el riesgo de convertirse en una agencia de propaganda del gobierno nacional.
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