Un multitudinario grupo de profesionales, familias, pacientes y organizaciones se movilizaron al Congreso. Apuntaron la similitud entre el proyecto que vota el Senado y lo que sucede en el centro pediátrico: “Monotributos, autoritarismo, manejos turbios y sumarios truchos”.

A partir de las 12 concentraron en la puerta de la calle Combate de los Pozos 1881 y marcharon al Congreso, en el marco de un paro en el hospital contra la “reforma laboral” y contra las sanciones a trabajadores del Garrahan.
La movilización fue encabezada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) con la consigna “No a los despidos y sanciones en el Garrahan. No a la Reforma Laboral” y responde, según el gremio, en rechazo al “ataque directo a los trabajadores del hospital que funciona como laboratorio o globo de ensayo de la reforma laboral que buscan aprobar a los apurones en el Congreso”.
También se sumaron decenas de organizaciones, colectivos, familiares y ex pacientes que caminaron rumbo a Congreso.
Desde la APyT señalaron: “Ni despidos en el Garrahan, ni Reforma Laboral esclavista. En nuestro hospital el interventor (Mariano) Pirozzo quiere aplicar la Reforma Laboral usándonos de laboratorio: monotributos, autoritarismo, manejos turbios y sumarios truchos. El objetivo es despedir y sancionar como revancha por lo que logramos en 2025 y volver a la carga con el desguace del hospital que conocemos: no lo podemos permitir. Esto conecta con lo que se proponen en el Congreso: no es ‘modernización laboral’, es legalizar la precarización total: hay que impedirlo”.
Apuntaron que “la intervención libertaria del hospital quiere despedir y sancionar a los que defendieron el hospital en 2025. Porque el Garrahan sigue siendo causa nacional y sus trabajadores también. Porque el proyecto de Reforma Laboral no moderniza nada: es legalizar la precarización”.
La secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, sostuvo: “¿Sabías que en el Garrahan el interventor del ministro Lugones nos quiere despedir por defender al hospital? Tal cual como lo escuchás. El año pasado frenamos con una lucha enorme el desguace del hospital, pero no pudieron callarnos y logramos una mejora salarial importante. Claro, ahora se vino la revancha. Sumarios a 40 trabajadores por protestar, recomendaciones de despidos y suspensiones. Esa misma abogada sumariante, Fernanda Marino, recibió un aumento del 61% y el bono de 450 mil pesos que ganamos con la lucha. Ahora ella pide echarnos y sancionarnos. ¿Y saben por qué hacen todo esto? Porque quieren sacarnos del medio para transformar el hospital y que sea un hospital para pocos, donde se atiendan chicos con familias que puedan pagar. El resto no importa”.
La dirigente agregó: “Por eso el interventor Mariano Pirozzo, que no es pediatra, que nunca nos recibió, que no sabe nada de salud pública, lo que vino a hacer en los meses que lleva de gestión es contundente: cerrar la sala de 2 años del jardín maternal, hostigar al personal con licencias por razones de salud, amenazar a 71 profesionales y técnicos en las guardias rotativas con no pagarles el salario si no firman un contrato como monotributistas, pretender prohibir las asambleas y la organización de las y los trabajadores. Están haciendo del hospital Garrahan un laboratorio de la reforma laboral que se pretende aprobar a los apurones en el Congreso. No podemos permitir todo esto. Tenemos que poner un límite”.
Desde la APyT recordaron que el conflicto se originó tras la notificación de sumarios administrativos contra 40 trabajadores del hospital, con recomendaciones de despido para 11 de ellos —10 con tutela sindical— y suspensiones para otros 29, en un proceso iniciado por la abogada sumariante Fernanda Marino y cuestionado judicialmente por el gremio, que presentó un amparo sindical por “violación al principio de inocencia”, “afectación del derecho de defensa” y “falta de imparcialidad”.
Desde la organización enfatizaron que “lo que ocurre en el Garrahan es un anticipo de la Reforma Laboral que buscan aprobar en el Congreso” y que buscan “poner un límite” a lo que consideran “un ensayo de precarización laboral en un hospital público de referencia nacional”.
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