A través de su abogado, Carlos Beraldi, la expresidenta Cristina Fernández formalizó un pedido para que el debate previsto para el próximo 26 de febrero no comience hasta tanto no esté concluido un informe encargado a los peritos del máximo tribunal.

Se trata de un estudio “testigo” sobre cinco adjudicaciones que consiguió la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo. En la etapa de instrucción suplementaria, previa al juicio oral, la expresidenta había pedido que el cuerpo de peritos contadores de la Corte evaluara más de medio centenar de contratos que obtuvo la empresa de Báez, lo que probablemente hubiera extendido los plazos del juicio por al menos un año.
Finalmente, las partes acordaron que, como ocurrió en otros mega juicios, se tomen “casos testigos” para evaluar una mecánica generalizada en operaciones similares.
La medida fue lo mejor que pudo obtener la defensa de CFK. En todas las instancias judiciales le fue rechazado un planteo para que se auditara toda la obra pública (no sólo cinco casos de Santa Cruz) concedida entre 2003 y 2015. Ello implicaba un análisis comparativo de todos los contratos, lo que hubiera tenido afectación directa en otras causas en trámite, por ejemplo la de las fotocopias de los cuadernos.
En la recta final hacia la fecha de inicio del primer juicio, la defensa de la exmandataria advirtió que el debate podría comenzar sin la que ella considera que es la principal herramienta para demostrar que no hubo direccionamiento, ni sobreprecios, ni retornos.
El tribunal oral sabía de la presentación, pues había sido informalmente anoticiado por las partes. Y, de hecho, como se trata del derecho a la defensa en juicio, pedirá a los peritos de la Corte que informen cuándo entregarán ese reporte que, además, deberá ser analizado por las partes previo al inicio al debate.
Si bien es hoy incierto, todo parece indicar que el juicio podría postergarse, aunque no por mucho tiempo. Si los peritos de la Corte no llegan para antes del 26 de febrero, voceros del cuarto piso del Palacio de Tribunales evaluaron que sólo se retrasaría “algunas semanas, algunos meses, pero no mucho” el arranque del proceso.
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