Lamentablemente sigue siendo realidad lo que denunciaba la cantora popular Violeta Parra: Chile limita al centro de la injusticia.
El Chile del 2023 es diferente al de 1973. Más del 70% de la población no había nacido para el golpe de Estado y es necesario comprometer a las nuevas generaciones en preservar la memoria y construir así un futuro comprometido con la democracia y los Derechos Humanos. Sin embargo la impunidad de ayer se retroalimenta con la impunidad de hoy. Existe una deuda en las políticas de verdad, memoria y en la reparación a las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura. A eso tenemos que sumar la violencia contra la población indígena en el conflicto en la Araucanía y las del estallido social del 2019, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, que dejó a 450 jóvenes con trauma ocular. Los informes de Organismos Internacionales de Derechos Humanos establecen que durante el estallido social, el Estado chileno, por medio del actuar de los policías o carabineros, incurrió en violaciones a los Derechos Humanos, y que al día de hoy se ha impuesto una política de olvido por parte del Estado.
La analista política Marta Lagos, encargada de la encuesta CERC-MORI, consideró preocupante el dato de que el 36% de los chilenos consideran que los militares tenían razón en dar el golpe en 1973, señalando: «Tenemos el único dictador de la historia contemporánea, que 50 años después de haber dado un golpe de Estado tiene un tercio de la población a su favor».
De esta forma se olvida lo que el excanciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, denunciaba en Washington en 1976: «El plan económico (neoliberal) tenía que ser impuesto y en el contexto chileno sólo podía hacerse matando a miles, el establecimiento de campos de concentración en todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en tres años». Días después de pronunciar ese discurso, Letelier es asesinado por medio de un atentado terrorista en Estados Unidos, junto a su secretaria de nacionalidad estadounidense, Ronni Moffit, por orden de Pinochet.
Ese nivel de negacionismo es preocupante. ¿Qué se puede esperar de la Justicia chilena cuando un 46% de las causas por violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la revuelta social del año 2019 han sido cerradas? Lo anterior muestra la incapacidad de la sociedad chilena de poner fin o un límite a los dueños de Chile (plutocracia) que para conservar sus privilegios actúan con violencia criminal gozando de los favores de la Justicia, lo que refleja un continuo histórico de impunidad.
Lamentablemente sigue siendo realidad lo que denunciaba la cantora popular Violeta Parra: Chile limita al centro de la injusticia.
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