Chile: se mantiene la tensión y arrecian las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos

«La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes». En la presentación del informe acerca de violaciones a Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad en Chile, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, agregó que «en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy».

Desde el gobierno de Piñera  salieron a rechazar «categóricamente» el informe, a través de varios funcionarios, como la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien dijo que «la única política» del Ejecutivo ha sido «el resguardo y protección de los Derechos Humanos».

Al igual que pasa con los discursos del presidente –que hace días se mantiene en silencio– las palabras contrastan con los hechos. Suman 24 los muertos desde el 18 de octubre –día que comenzaron las manifestaciones masivas–, más de 3000 heridos atendidos en hospitales y al menos 7000 personas detenidas. 

Mientras las manifestaciones masivas en diferentes puntos del país no se detienen, los intentos por acallar a la ciudadanía a través de la violencia tampoco. Los números y la sistematicidad no dejan de sorprender a las misiones de diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos que recorren Chile desde hace semanas y no dan abasto en la recepción de denuncias. 

«Este acuerdo por la paz y una nueva Constitución se buscará imponer, según dijo Piñera, por la razón o la fuerza. Y esto se ve en las calles, donde cualquier manifestación que exprese su desacuerdo es reprimida», expresó Raúl Flores Castillo, secretario ejecutivo de la corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. 

Diferentes organismos se  encargan de visitar hospitales, comisarías y otros centros de salud, y los números que manejan en muchos casos superan los del Instituto Nacional de  Derechos Humanos (INDH), que se encuentra sobrepasado por la situación de violencia estatal. Su director, Sergio Micco, informó que «en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces más que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas».

«Las violaciones a los Derechos Humanos en Chile son masivas, generalizadas y sistemáticas, por eso esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también otros organismos internacionales, se pronuncien al respecto», dijo Flores Castillo en relación a otro de los «silencios»  que llaman la atención, y que dan cuenta del apoyo fronteras afuera que sigue teniendo el expaís modelo del éxito del neoliberalismo.

Ya superan las 270 personas que sufrieron daños oculares producto de la represión, y el INDH denunció en las últimas horas nuevas víctimas por perdigones, pese a que el martes por la noche el director general de Carabineros, Mario Rozas, había anunciado que se dejarían de usar durante las protestas, «salvo como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro de muerte».

Esta decisión, que de todas  maneras no está siendo cumplida por la institución más cuestionada e insultada en las calles, se tomó luego de que un informe de la Universidad de Chile revelara que las balas de «goma» contenían «un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario».

Dos muertes extrañas 

La fotógrafa Albertina Martínez Burgos, que trabajaba en la agencia Mega, participó activamente desde que comenzó el estallido: fue encontrada asesinada en su departamento del centro de Santiago. No se halló su equipo profesional. «La Mimo» Daniela Carrasco, de 36 años fue vista por última vez mientras un grupo de carabineros la detenía. Poco después, su cuerpo apareció colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre, al sur de Santiago. Ambos casos despertaron sospechas y circularon en redes, pero los propios familiares pidieron cautela ya que no hay certezas que sean producto de la represión policial, al tiempo que siguen siendo investigados por los organismos de Derechos Humanos. «